El lenguaje inclusivo en la función pública: un debate más ideológico que lingüístico – El Sol de San Juan – Noticias de San Juan
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Política

El lenguaje inclusivo en la función pública: un debate más ideológico que lingüístico

La “guía” en la que el gobierno de Axel Kicillof declaró estar trabajando plantea problemas verbales y legales.

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La administración del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que trabaja en una guía de lenguaje inclusivo para ser utilizada entre sus funcionarios. Se buscará de este modo “visibilizar e incluir a todas las personas”. Para la presidenta de la Academia Argentina de Letras (AAL), Alicia Zorrilla, “esa decisión de la administración bonaerense carece de fundamento lingüístico; está fuera del sistema gramatical. Se debe a una posición sociopolítica”.

Pedro Luis Barcia, quien estuvo una década al frente de la AAL, explica el concepto de lenguaje inclusivo: “La inclusión es un fenómeno complejo que significa incorporar lo ocluso, lo cerrado, algo que está fuera de ello. La inclusión no comienza con el lenguaje, comienza con la gestualidad, con la actitud frente al próximo, con la mirada, con el acercamiento, el respeto. Lo verbal viene después”. Barcia formula una pregunta, y aunque para algunos suene a broma, otros estudian esta posibilidad: “¿La administración pública también va a cambiar el texto de ‘La marcha peronista’: ‘Les muchaches peronistes, todes unides triunfaremes’?… Porque para ser coherente, hay que ser coherente en todos los planos”.

Múltiples interrogantes emergen en torno a este uso en documentos oficiales. La Real Academia Española (RAE), en el informe presentado sobre esta materia, explica caso por caso la posibilidad que existiría si se modificara la Constitución a través de la incorporación del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, considera que el caso del desdoblamiento (escribir presidente y presidenta) de modo ocasional o tal vez en su primera mención resultaría “problemático”.

A su vez, ¿qué ocurriría con el caso bonaerense si se trasladara este lenguaje a su Constitución? ¿Debería así reformarse la Constitución Nacional? Ya se ha registrado -y también ha sido denunciada- la utilización del lenguaje inclusivo en algunos fallos, como lo ha hecho la jueza porteña Elena Liberatori.

En sintonía con el dosier de la RAE, Zorrilla se refiere a las propiedades de este lenguaje: “Desde el punto de vista lingüístico, no podemos reemplazar las letras a y o, que diferencian el género, con la arroba, el asterisco, la e o la x porque tenemos la voluntad de hacerlo en contra del androcentrismo o de reflejar con ello una realidad sociopolítica. Esa sustitución es ajena a la morfología del español e innecesaria, pues el masculino genérico o masculino gramatical ya es inclusivo, ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Si decimos ‘los hombres no son inmortales’, sabemos que ese sustantivo hombres se refiere a todos los humanos, mujeres y varones, pues, si solo se refiriera a los varones, cabría la posibilidad de que las mujeres sí lo fuéramos y viviéramos eternamente. Eso es absurdo”.

Estas opiniones difieren de la posición de Karina Galperín, profesora de la Universidad Di Tella, quien destaca el presente como un fenómeno que “como chiquito, es muy grande” y en expansión. “Vale aclarar que en muchas instituciones del mundo se utilizan corrientemente y hace rato guías de recomendación de ciertos usos para tratar de evitar el masculino genérico. Creo que en este caso se trataría de aggiornar una guía que ya existe. Así, esto estaría totalmente en línea con una práctica usual. Pero, a decir verdad, no sabemos si se trata de eso o de implementar alguna variante del llamado ‘lenguaje inclusivo’ en algún nivel de gobierno, que no sabemos cuál es. Y no sabemos tampoco con qué tipo de fuerza se haría, porque el rango de posibilidades va desde habilitar, permitir o recomendar hasta convertir alguna de las variantes del ‘lenguaje inclusivo’ en lengua oficial de los intercambios formales. Dudo muchísimo de que esto último se proponga y/o implemente”.

Zorrilla reconoce que no solo los jóvenes, sino también personas mayores, profesionales, utilizan el lenguaje inclusivo. Con ellos mantuvo un interesante diálogo. “Cuando me lo decían, hablaban el español como lo aprendimos todos. Entonces, les pregunté por qué se dirigían a mí así, sin usar el lenguaje inclusivo. Me contestaron que respetaban los contextos -fue durante una clase de español-, que ellos sabían muy bien dónde usarlo. Esta respuesta explica que se trata de un posicionamiento sociopolítico. También me dijeron que desde ningún punto de vista aspiraban a alterar la gramática española y que les interesaba aprenderla bien para hablar y escribir mejor”.

Galperín también destaca la utilización del masculino genérico en diversos ámbitos, no solo por una cuestión ideológica, sino también por una cuestión práctica de claridad y precisión: “Hay gente que defiende o ataca el uso del ‘lenguaje inclusivo’ por su carácter político, como un uso que quiere cambiar la realidad o que busca poner en evidencia un problema que no es de orden lingüístico. Creo que eso es verdad en muchos casos. Un grupo grande, y sobre todo el más intenso y más vocal y más visible, lo hace por esa razón. Creo, al mismo tiempo, que otra gente adoptó y utiliza ocasionalmente el ‘lenguaje inclusivo’ cuando se enfrenta con un problema de posible ambigüedad. En esos casos, usa alguna forma de inclusivo. No lo hace para visibilizar nada, sino por precisión, porque quiere evitar una ambigüedad”.

La difusión de estos usos “no basta si no se ajusta al sistema gramatical del español”, resume Zorrilla. El debate ya está instalado: “¿Cómo termina esto? No lo sabemos. Pero yo no dejaría de registrar la incomodidad con el masculino genérico y ni dejaría de observar cómo evoluciona, si evoluciona. No creo que sea una moda pasajera y creo que responde a cambios en la sociedad y en nuestra sensibilidad demasiado importantes como para que descartemos de cuajo su efecto sobre la lengua”, concluye Galperín.

Fuente: La Nación

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Política

Llegaron a un acuerdo entre gremios docentes y el Gobierno

El salario mínimo será de 23.000 pesos. Además, se pagará una suma extraordinaria de 4.840 pesos, que se abonará en cuatro cuotas de 1.210 pesos en abril, mayo, junio y julio.

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En el marco de la paritaria nacional, los cinco gremios docentes y el Gobierno acordaron esta tarde un salario inicial mínimo de $23 mil a partir de marzo y de $25 mil desde de julio próximo, mientras que además se abonará una suma extraordinaria de 4.840 pesos en cuatro cuotas de 1.210 pesos en abril, mayo, junio.

El acuerdo se selló tras un encuentro en el Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa, con la presencia de autoridades de los sindicatos CTERA, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA, además de los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni.

Si bien el normal inicio de las clases previsto para el próximo lunes no parecía peligrar, con este entendimiento quedó ratificado el comienzo del ciclo lectivo.

Este acuerdo implica un “piso” para la suba salarial de los docentes y a partir de ahora cada provincia podrá convocar formalmente a los gremios de cada distrito y acordar una actualización del sueldo superior a la establecida por la paritaria nacional.

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Política

¿Se cancelan las elecciones del PJ?

Durante la semana la Cámara Nacional Electoral decidirá si se realizan las elecciones del PJ local.

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Crédito: Clarín

Fuentes partidarias del PJ manifestaron que esperan que la Cámara Nacional Electoral resuelva esta semana el planteo del giojismo que tiene como objetivo frenar las internas. Es que el sector presentó varios reclamos en el Juzgado de Miguel Gálvez, los cuales fueron rechazados, por lo que los hermanos Gioja fueron a Nación para lograr su cometido.

La lista que encabeza Juan Carlos Gioja primero cuestionó la modificación del calendario electoral, los plazos estipulados y luego la designación de Carlos Lorenzo como presidente de la Junta Electoral. Esa movida fue rechazada por Gálvez, lo que provocó el enojo del exgobernador, quien insistió pero tuvo el mismo resultado. Sin dar el brazo a torcer, fueron a Nación, donde le dieron lugar al reclamo.

Fuente: Diario de Cuyo

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Política

Polémico proyecto del kirchnerismo para casos de corrupción

El proyecto busca limitar la investigación periodística en casos de corrupción.

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María Eugenia Catalfamo - Crédito: El Chorrillero

El kirchnerismo duro impulsa un controvertido proyecto de ley que limitaría la función periodística en las causas por corrupción. La iniciativa propone un “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas que anula las detenciones cuando el acusado se sienta involucrado en una serie de supuestos, como la difusión en los medios de las acusaciones en su contra.

Las autoras de la iniciativa son cinco senadoras cercanas a la vice Cristina Kirchner: María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. Excepto la primera, las otras cuatro pertenecían al bloque K previo a la unificación de las bancadas con el PJ.

El proyecto determina que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de los acusados que no estén bajo control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Plantea un plazo de 72 horas para que opinen el fiscal y las querellas, y otras 24 para resolver sobre la situación.

La primera cuestión de nulidad que propone el texto pasa por la afectación de parte de los medios a la percepción de inocencia de los acusados. “La publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”, indica.

En la práctica significaría que si un juez le dicta la prisión preventiva a un acusado en una causa por corrupción el detenido podría pedir su libertad, en el caso de que los medios hubiesen informado sobre ese expediente. Hasta el momento en la bancada del Frente de Todos no se habló del proyecto ni se tiene previsto tratarlo, consigna Clarín.

Otras de las causales por las que los detenidos por causas de corrupción podrían pedir la liberación es por la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido” y las sospechas sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”.

Justamente las declaraciones de testigos arrepentidos fueron claves en causas como los cuadernos de las coimas, originada a partir de las anotaciones del exchofer de Roberto Baratta Oscar Centeno y de sus posteriores declaraciones ante la Justicia, en calidad de “arrepentido”. En esta megainvestigación por corrupción Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita.

Otras causales del proyecto son la “intromisión de funcionarios del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones”. O cuando esos funcionarios “ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para afectar la independencia de los jueces o la autonomía de los fiscales”.

También la “intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones aptas para afectar” esa independencia, lo que impediría, por ejemplo, las presentaciones de colegios de abogados. Además incluye la posibilidad de pedir la libertad por “la inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”.

Por otro lado niega la posibilidad de apelar los fallos que hagan lugar a las nulidades de las preventivas. En cambio si el juez rechaza el pedido del acusado esa medida sí podrá ser apelada, y deberá resolverse con la velocidad de un habeas corpus. Se trata del derecho que tiene un detenido para presentarse en un breve plazo ante un juez para comparecer y que determinen si su arresto fue o no legal, y si debe mantenerse o dejar sin efecto.

Crédito: TN

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