El departamento 25 de Mayo atraviesa una situación social que genera preocupación, angustia e incertidumbre entre vecinos y autoridades. En el centro del debate aparece la realidad de un adolescente de 14 años, señalado por distintos hechos delictivos ocurridos en los últimos días y cuya situación familiar y de consumo problemático expone las limitaciones de los organismos estatales para intervenir de manera integral.
El menor estuvo involucrado en al menos tres episodios recientes: el ingreso a una escuela, un robo en una panadería y la sustracción de una bicicleta. A esto se suman actuaciones contravencionales por disturbios, merodeo e insultos en la vía pública.
La situación encendió la alarma entre los vecinos, quienes expresaron temor y preocupación por la reiteración de los hechos y el deterioro evidente en el estado del adolescente. Algunos habitantes del departamento señalaron que el joven necesitaría atención urgente y tratamiento especializado por consumo problemático de sustancias.
En paralelo, desde la Justicia de Paz se impulsaron medidas para intentar abordar el caso desde una perspectiva social y preventiva. La jueza subrogante María Eugenia Barassi solicitó informes técnicos a las áreas municipales de niñez y adolescencia, mientras que personal policial intervino en cada una de las denuncias registradas.
Incluso, se labró un acta contravencional a la madre del menor por presunta “irresponsabilidad parental”, en el marco de actuaciones vinculadas a disturbios y desorden en la vía pública.
Sin embargo, distintas fuentes coinciden en que tanto la Comisaría Décima como el Juzgado de Paz poseen competencias limitadas frente a un caso atravesado por vulnerabilidad social, adicciones y minoridad.
La situación también expone un vacío estructural: por su edad, el adolescente no podría ser alojado en determinados dispositivos estatales destinados a menores con conflictos severos, ya que muchos de esos espacios reciben jóvenes a partir de los 16 años.
Algunos vecinos expresaron temor ante posibles nuevos hechos y advirtieron sobre el riesgo de que la situación escale aún más si no existe una intervención integral y urgente.
Según consta en actuaciones policiales y contravencionales, el adolescente de apellido Quiroga fue interceptado en distintos procedimientos realizados por personal de Comisaría 10ª de 25 de Mayo, luego de ser observado merodeando viviendas y protagonizando episodios de desorden en la vía pública.
Uno de los procedimientos ocurrió durante recorridas preventivas realizadas por efectivos policiales en inmediaciones de calle Mendoza Spada y Antonio Torres. El menor habría sido visto en actitud sospechosa, permaneciendo en sectores con escasa iluminación artificial y observando domicilios de la zona. Al advertir la presencia policial, según indicaron los uniformados, comenzó a insultar al personal y posteriormente intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado a pocos metros.
Las actuaciones señalan además que el adolescente ya era conocido en el ámbito contravencional y delictivo local por antecedentes vinculados a distintos episodios recientes. Por disposición de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia, el menor fue entregado nuevamente a su madre tras cumplirse las medidas correspondientes.
En paralelo, la Policía también labró un acta contravencional a la progenitora del adolescente por presunta irresponsabilidad parental, al considerar que el menor habría infringido artículos del Código de Faltas relacionados con merodeo, disturbios y desorden público.
Detrás de cada expediente y cada denuncia, emerge una realidad mucho más profunda: la de un menor cuya vida transcurre entre el abandono, la exclusión y las adicciones, en medio de un sistema que muchas veces llega tarde o no logra dar respuestas suficientes.
Distintas miradas apuntan hacia el accionar de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo del juez Jorge Toro, quien interviene en las actuaciones relacionadas con el menor.
Especialistas consultados sostienen que, más allá de la cuestión penal o contravencional, el eje central del problema parece atravesado por una grave situación social y de salud vinculada al consumo problemático de sustancias, un escenario que exige respuestas urgentes, interdisciplinarias y sostenidas en el tiempo.
La preocupación crece porque detrás de cada nuevo hecho no solo aparece el temor de los vecinos por posibles delitos, sino también el riesgo concreto que enfrenta el propio adolescente, cuya vida parece avanzar entre la exclusión, la dependencia y la ausencia de contención efectiva.