Alberto Fernández se lo dijo a Mauricio Macri en la Casa Rosada, en su reunión del día después de las elecciones. “No se puede ser rehén de esta gente”. El presidente electo hablaba de los jueces de Comodoro Py. Macri, esta vez, estuvo de acuerdo con él.
Fernández tiene a su futura vicepresidenta, Cristina Kirchner, con diez procesamientos, según él, infundados. Pero Macri también desconfía de muchos jueces y tiene sospechas sobre cómo actuarán de aquí en más con él y su gente.
Macri espera ahora más precisiones sobre la reforma judicial que está analizando Fernández. Por lo pronto, que le diga quién será el interlocutor para seguir el tema. En el Gobierno creen que podrían tener precisiones en los próximos días.
El Presidente comparte la preocupación con su sucesor no solo porque el cambio de época ya se siente en varias causas de corrupción, sino, sobre todo, porque él vivió en persona cómo pueden comportarse algunos magistrados con quien está en el llano. Macri estuvo cinco años y medio procesado, con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal, acusado de espionaje ilegal. Después, la Justicia entendió que en realidad no había ninguna prueba que lo incriminara. Y fue sobreseído cuando llevaba dos semanas como presidente. Todos los jueces que fallaron en contra de Macri en ese caso ya dejaron Comodoro Py, pero en el oficialismo creen que la Justicia Federal es un problema que va más allá de un par de nombres. En este tema hay acuerdo de los dos lados de la grieta.
De todos modos, hay reproches. Cuentan en el entorno de Macri que el Presidente salió de la reunión con Fernández quejándose de que cada vez que su gobierno había intentado alguna reforma que Comodoro Py leyó como una amenaza a su poder el peronismo la frenó.
En el Frente de Todos, el regreso de Gustavo Beliz parece ser una señal. Vuelve Beliz, ¿vuelve el plan Beliz? Como ministro de Justicia, Beliz le presentó en 2004 a Néstor Kirchner un plan estratégico para reformar las áreas de Justicia y Seguridad. Fue antes de enfrenar a Antonio Stiuso y condenarse al autoexilio. Incluía reformas en el manejo de la seguridad -área en la que Beliz está trabajando con Fernández otra vez, aunque ahora le auguran un destino que no será de ministro, sino más ligado a un asesoramiento en “asuntos estratégicos”- y también una unificación de la Justicia Penal, que unía la Justicia Nacional con la Federal.
Si esto se aplicara hoy, en la práctica implicaría diluir el poder de los doce jueces federales de Comodoro Py, porque las causas de corrupción las repartirían con los 63 juzgados criminales. Y lo mismo pasaría con las cámaras que revisan las decisiones de los jueces de primera instancia. La Cámara Federal tiene cuatro jueces; la del Crimen, 14.
La idea de reforma de Fernández podría incluir esta unificación de fueros, dijo a LA NACION un hombre de consulta del futuro presidente en temas judiciales.
Fernández mantiene su proyecto en reserva, como casi todos los planes para después del 10 de diciembre. Pero algo le adelantó a Macri en aquella reunión del día después de las elecciones. Beliz había escrito en 2004: “El sistema actual hace recaer en unos pocos juzgados el control judicial de los actos más importantes de la administración y el gobierno federal (?) con los resultados ya conocidos. En esos juzgados penales federales de la ciudad se concentra, hasta ahora sin éxito, la mayor parte de los reclamos de transparencia, celeridad y efectividad en la administración de justicia”.
Otra idea que ven con buenos ojos en los equipos de Justicia de los dos gobiernos, el saliente y el que vendrá, es el adelantamiento de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, que establece el sistema acusatorio, un sistema básicamente oral, con procesos más rápidos. La implementación de ese código, gradual, ya empezó en Salta y Jujuy, y la idea era que se aplicara en Buenos Aires en unos cinco años. Como el nuevo procedimiento incrementa el poder de los fiscales (las investigaciones pasan a depender de ellos y ya no de los jueces), es leída como otra vía para atenuar el control que hoy tienen sobre las causas los doce jueces federales.
El problema es la resistencia de algunos jueces y el costo. Cómo será de caro es un asunto en el que las opiniones están divididas. La implementación del sistema acusatorio va atada a otro tema: la designación del nuevo procurador, el jefe de los fiscales, un cargo que está vacante desde la salida de Alejandra Gils Carbó.
Fernández va a necesitar los votos de la oposición en el Senado para designar un nuevo procurador. “Para nosotros, Casal [Eduardo, el procurador interino] está muy bien. Ellos no nos dieron el apoyo para designar a nuestra candidata [Inés Weinberg]. Nosotros no tenemos apuro. Casal podría quedarse dos años más”, dijo a LA NACION un funcionario del macrismo.
En el área de Justicia, como en las demás áreas del Gobierno, esperan que Fernández defina los nombres de quienes estarán a cargo de la transición. A pesar de que todos tratan a Marcela Losardo, la amiga y socia de Fernández, como la próxima ministra, ella niega que eso esté cerrado. El presidente electo no quiere adelantar casi ningún ministro. Dice que les quiere evitar un desgaste innecesario. ¿Por qué habló entonces con Macri de una eventual reforma judicial? ¿Es parte del paquete de leyes que quiere sacar en sesiones extraordinarias?
“Esperamos tener para la semana que viene los nombres de la transición y, si quiere avanzar con un plan de reformas, si son esas mismas personas, u otra, la que va a trabajar en esos cambios”, dijo a LA NACION un hombre cercano a Macri. Los tiempos ya los maneja la nueva gestión.
Fuente: La Nación
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