Correo Argentino, la empresa de la familia Macri que tiene una multimillonaria deuda con el Estado, quedó un paso más cerca de la quiebra. Las juezas Maria Lilia Gómez Alonsos y Matilde Ballerini, de la Sala B de la Cámara Comercial, rechazaron un recurso extraordinario presentado por los Macri para llegar a la Corte y dilatar el proceso de cramdown o salvataje de la empresa, etapa previa a la quiebra. La novedad llega con Mauricio Macri en viaje turístico en Francia, pero se trata de uno de los expedientes que más lo preocupan. En este caso por dinero, pero tiene una derivación penal a la que tampoco le saca el ojo de encima.
La resolución va en sintonía con el dictamen de la fiscala Gabriela Boquin que rechazó esta maniobra hace unos días, poco antes del último apriete que sufrió de parte del procurador interino Eduardo Casal. Lo informó El Destape mientras la prensa comercial distraía la atención sobre una intrascendente disputa entre los abogados de los Macri y el Estado respecto a la tipografía de letra que se utilizó en la presentación de ese recurso extraordinario hoy rechazado.
El recurso extraordinario que les rechazaron a los Macri cuestionaba la decisión de la Sala B de la Cámara Comercial de que se inicie “la apertura del Registro de cramdown” o salvataje. El cramdown implica el llamado público a ver si alguien quiere comprar una empresa que no logra ordenar sus deudas, en este caso Correo Argentino. Si eso falla, el siguiente paso es decretar la quiebra. Sería raro que alguien desee administrar el desbarajuste que dejaron los Macri. Y este rechazo los deja entonces al borde de la quiebra, según la propia Ley de Concursos y Quiebras.
En caso de quiebra de Correo Argentino sus accionistas tendrían que hacerse cargo de sus multimillonarias deudas. Hasta hace unos meses eran SOCMA y SIDECO, dos empresas de los Macri. Pero en una maniobra cuyo real objetivo resta dilucidar SOCMA le compró su parte a SIDECO, de la cuál es a su vez su principal accionista. Como sea, la familia Macri sigue detrás.
La resolución la tomaron las juezas Gómez Alonso y Ballerini, que integran la Sala B de la Cámara Comercial y que han sido un engranaje fundamental en el letargo de este expediente. En sus últimas resoluciones, sin embargo, se apartaron de los deseos de los Macri y, en primer lugar, sostuvieron a la fiscala Boquin ante los reiterados intentos de desplazarla y ahora echaron por tierra la nueva maniobra dilatoria en este expediente que lleva 19 años.
Las camaristas rechazan que la apertura del cramdown o salvataje esté viciada de arbitrariedad y llaman la atención sobre los planteos de los abogados de los Macri ya que señalan que no tuvieron en cuenta nada de lo que las propias juezas argumentaron para iniciarlo. “Si se pretendió una interpretación distinta, debió especificar con precisión los fundamentos de las objeciones, puesto que como es sabido, los criterios diversos, las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general son inidóneas para mantener un recurso”, dice el fallo.
Los Macri han hecho de la dilación de este expediente un arte que practican hace 19 años. La técnica se basa en balcanizar el expediente en el cuál tramita su concurso de acreedores para que finalmente nunca se resuelva y se licue la deuda que tienen con centenares de acreedores entre los que el mayor es el Estado. La deuda original es por 296 millones de pesos, pero eso era al 19 de septiembre de 2001. Hoy hay que actualizar esa cifra con intereses acumulados en casi 5 períodos presidenciales.
Gómez Alonso y Ballerini decidieron iniciar el salvataje de Correo Argentino el 18 de diciembre de 2019. Esa misma resolución existía desde 2004 firmada por la propia Sala B. De hecho, en sus dictámenes, la fiscala Boquin insistió varias veces en que el pedido de cramdown o salvataje existía desde 2004, que la jueza Marta Cirulli (imputada penalmente por el vaciamiento de Correo Argentino) no lo cumplió, que luego en 2010 sí lo hizo y que se llegó a la actualidad sin que se ejecutara gracias a maniobras como la actual apañadas por las propias juezas.
Para impedir este paso previo a la quiebra los Macri presentaron un recurso extraordinario para que intervenga la Corte, pero tanto la fiscala Boquin como ahora las juezas Gómez Alonso y Ballerini lo rechazaron. Les queda ir en queja a la Corte, pero esta opción no tiene destino.
Mientras la fiscala Boquin rechazaba este recurso extraordinario, la pluma de La Nación Hugo Alconada Mon publicó una nota donde relató una disputa insignificante en este expediente entre los abogados de la familia Macri y Carlos Zannini, actual jefe de los abogados del Estado. El cruce fue por la tipografía utilizada por los Macri en el recurso extraordinario, una de las tantas normas burocráticas instauradas por la Corte Suprema. Pero lo que Alconada Mon y el resto de la prensa comercial silenciaron fueron tanto el duro dictamen de la fiscala Boquin como el rechazo a todos los balances de Correo Argentino que presentó Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia.
En el dictamen donde rechazó el recurso extraordinario, la fiscala Boquin reconstruyó una vez más la intrincada trama de este expediente que el próximo 19 de septiembre cumplirá 19 años. De hecho, resalta que “Correo Argentino S.A. vio prolongado su período de exclusividad (el tiempo en el cuál el deudor puede negociar con los acreedores) por más de 15 años cuando el plazo previsto por la ley es de 120 días hábiles como máximo”. También que la situación actual, que es el inicio del proceso de Cramdown o salvataje paso previo a la quiebra, que llegó con 15 años de demora pero llegó.
Boquin desarmó el argumento de que el Estado no quiso negociar con los Macri. Lo que en realidad sucedió es que el Estado no aceptó las propuestas de pago de los Macri, una más ruinosa que la otra, pero siempre tuvo voluntad de negociar. “El Estado Nacional no demostró ninguna conducta obstructiva ni reñida con la buena fe procesal – aseguró Boquin- El hecho de no haber prestado conformidad no lo configura en acreedor hostil o incurso en conducta abusiva, más aún cuando las propuestas formuladas por la deudora implicaban una verdadera licuación del crédito verificado”.
El problema fue siempre que los Macri pretendían (y pretenden) acuerdos abusivos como el que Boquin frenó en 2017, que implicaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos. Para los Macri, que el Estado no aceptara eso lo convierte en un acreedor hostil. El mundo del revés.
