El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto que convocará a las sesiones extraordinarias, el período en donde el Gobierno busca impulsar los debates de las reformas estructurales y el Presupuesto 2026 que cree necesario aprobar para el inicio de la segunda parte de su gestión.
El decreto se hará efectivo en el Boletín Oficial el primer día hábil de la próxima semana -el 9 de diciembre- y establecerá dos aspectos centrales: las iniciativas habilitadas para su tratamiento exclusivo durante ese lapso y la duración de estas sesiones.
La mayoría de los funcionarios del Gobierno prevé que las sesiones extraordinarias se desarrollen desde el 10 de diciembre y hasta el cierre del mes, replicando el esquema del año anterior, cuando funcionó del 5 al 27 de diciembre. La actividad parlamentaria quedaría suspendida durante las fiestas y las primeras semanas de enero, periodo que para muchos integrantes del oficialismo resultaría inviable para el trabajo legislativo.
La estrategia oficial contempla un segundo llamado a extraordinarias durante el mes de enero de 2026, siguiendo el modelo implementado a comienzos de este año, cuando Milei dispuso un debate parlamentario entre el 27 de enero y el 21 de febrero.
Por otro lado, aún no se conoce con exactitud la totalidad de iniciativas que se impulsarán allí, pero se descuenta que irán los siguientes asuntos:
- El Presupuesto 2026.
- La reforma o modernización laboral.
- La ley de inocencia fiscal.
- La reforma del Código Penal.
- La modificación de la Ley de Glaciares.
- La reforma tributaria.
La mesa chica del Gobierno, reunida en Casa Rosada este lunes, definió los proyectos prioritarios para la primera etapa: el Presupuesto 2026 y la Ley de inocencia fiscal —conocida informalmente como la ley de dólares debajo del colchón—, ambos a tratarse inicialmente en la Cámara de Diputados. El oficialismo busca que estas iniciativas sean aprobadas durante las próximas semanas.
El proyecto presupuestario es la iniciativa prioritaria para Milei. Es decir, es la que busca impulsar en primer término debido a su urgencia: resultaría sumamente conveniente iniciar el próximo año con una estimación ratificada por ley de cuánto serán los fondos que tendrá cada una de las áreas del Sector Público Nacional.
El Gobierno está ampliamente optimista con que conseguirá sancionar el Presupuesto y todavía está trabajando en el ofrecimiento particular que hará a cada gobernador que tiene capacidad de incidencia a través de sus legisladores.
Por caso, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunieron este mediodía con Jorge Macri para terminar de dialogar sobre esos aspectos. La Libertad Avanza espera un gesto de parte del jefe de Gobierno porteño luego de haberle apoyado el Presupuesto porteño la semana pasada en la Legislatura. Para hacerlo, Uspallata pide que el Gobierno incluya en la ley los pagos de la deuda coparticipable. Uno de los últimos encuentros que liderará Santilli antes de que el Gobierno presente la iniciativa definitiva será con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.
Una de las iniciativas en las que más se esforzará el Gobierno será en la reforma laboral, la cual comenzará su tratamiento en el Senado. Esta terminó de redactarse en la mesa técnica que conformaron los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación); los secretarios María Ibarzábal (Legal y Técnica), Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero (Trabajo); el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo.
Entre los puntos centrales del borrador -que dio a conocer Infobae-, se establece que la Ley de Contrato de Trabajo no se aplicará al empleo público, trabajo agrario, casas particulares, relaciones comerciales regidas por el Código Civil y Comercial ni a servicios personales de transporte, reparto y mensajería mediante plataformas tecnológicas.
El capítulo sobre vacaciones fija el período entre el 1 de octubre y el 30 de abril, permite el fraccionamiento en lapsos no menores a siete días y ordena la reprogramación de días interrumpidos por enfermedad. Se habilita a los convenios colectivos a establecer bancos de horas, regímenes de compensación y sistemas flexibles ajustados a los ciclos productivos.
En materia de despidos, la indemnización será de un mes por año de servicio, con un tope de tres salarios promedio del convenio y un piso del 67% de la mejor remuneración. Además, se buscarán imponer cláusulas de solidaridad para dar la opción de que los trabajadores que no están afiliados al gremio aporten. Busca flexibilizar el concepto de ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y reducir a cero la cantidad de delegados gremiales en compañías que tengan menos de 50 empleados.
El texto ya está disponible para la principal política de La Libertad Avanza del Senado, Patricia Bullrich. Pese a posiciones contrarias al interior de la mesa chica de Milei, la exministra no quiere convocar a la CGT para discutir el texto laboral. Esto podría traer mayor conflictividad con los sindicatos, uno de los principales perjudicados por la medida.
En paralelo, la reforma del Código Penal está terminando de revisarse entre el grupo de trabajo dispuesto por Santiago Caputo y su mano derecha Macarena Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; Bullrich y su asesor en materia penal Fernando Soto.
La nueva ley penal estará compuesta por más de 900 artículos que centrarán sus modificaciones en intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. Bajo esa premisa, habrá una “actualización” de penas para delitos que revisten gravedad como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.
La letra chica contempla -hasta entonces- el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos y, por consecuencia, la elevación de los mínimos de las penas que tendrá estrecha “relación” con el delito cometido y el daño causado. A su vez, si bien estuvo la posibilidad de incorporar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, finalmente no estará incluido en esta versión de la reforma.
La actualización del Código Penal es una de las obsesiones de la Casa Rosada y en función de eso estudia la posibilidad de impulsar una comisión bicameral en el Congreso que acelere los tiempos y unifique el diseño del dictamen con el objetivo primordial de evitar modificaciones y dilaciones en su tratamiento.
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