La investigación por el presunto abuso sexual ocurrido durante una reunión social en Caucete sumó este martes un giro clave. La audiencia de formalización prevista contra el sospechoso no pudo realizarse luego de que la jueza de Garantías, Carolina Parra, manifestara dudas fundadas sobre el estado mental del imputado.
Al inicio de la instancia, la magistrada formuló preguntas básicas al detenido para evaluar su comprensión del proceso. Las respuestas fueron imprecisas y titubeantes: el hombre no supo indicar su número de documento, tuvo dificultades para precisar su domicilio y evidenció limitaciones para comprender las consultas. Frente a este cuadro, la jueza ordenó de inmediato un examen mental obligatorio.
La representante de la UFI CAVIG confirmó que el estudio aún no se había realizado, por lo que la jueza resolvió postergar la formalización hasta contar con el resultado pericial, que se realizará en las próximas 48 horas. Mientras tanto, el imputado continuará detenido en la Comisaría 9na.
La defensa sostuvo que el hombre no sabe leer ni escribir, que desconoce datos básicos de su identidad y que padecería epilepsia y retraso madurativo. Además, presentó documentación médica que acreditaría atención previa en el hospital de Caucete, elementos que ahora serán analizados por peritos especializados.
La detención del sospechoso se produjo el 24 de enero, cuando personal de la UFI CAVIG realizaba medidas investigativas en la vivienda donde habría ocurrido el hecho. Al tomar conocimiento de que el individuo se encontraba en las inmediaciones, se procedió a su aprehensión.
Según la denuncia, el episodio habría ocurrido durante una juntada en una vivienda, donde varias personas compartían bebidas alcohólicas. En ese contexto, la denunciante habría sufrido una agresión sexual y perdido el conocimiento. La situación fue informada posteriormente en el hospital, lo que activó los protocolos judiciales.
Qué definirá la pericia
El examen mental será determinante para establecer si el imputado comprende el alcance de sus actos y si está en condiciones de enfrentar un proceso penal. En función de ese resultado, la Justicia decidirá si corresponde avanzar con la formalización de cargos o adoptar medidas alternativas.
