El intendente de Angaco, José Castro, quedó bajo la lupa de la Justicia provincial a partir de una denuncia penal presentada por Facundo David Nievas, un trabajador municipal de planta permanente con trayectoria en el área de Obras y Maestranza.
Según surge de la presentación, el denunciante acusa a la actual gestión de haber utilizado recursos pertenecientes al municipio para realizar trabajos en propiedades privadas, involucrando presuntamente a empleados, vehículos, herramientas y horas laborales que eran financiadas por el Estado.
La denuncia sostiene que los operarios habrían sido enviados a realizar tareas particulares en inmuebles que no tenían relación con una prestación pública, mientras continuaban percibiendo sus salarios municipales.
A partir de estos hechos, la presentación judicial plantea la posible existencia del delito de peculado de trabajos o servicios, contemplado en el artículo 261 del Código Penal, además de otras figuras que deberán ser analizadas por la Justicia.
Pero la denuncia no se limita al presunto uso de recursos públicos. Nievas también asegura haber sido víctima de presiones y amenazas para cumplir con determinadas órdenes.
De acuerdo con su relato, el intendente Castro habría utilizado su posición de autoridad para advertirle que podía “armar causas” en su contra si se negaba a cumplir determinadas directivas o cuestionaba el destino de las cuadrillas municipales.
El trabajador sostiene que, después de negarse a continuar con esas tareas, comenzaron una serie de represalias laborales y conflictos que terminaron derivando en actuaciones judiciales en su contra.
El conflicto por el Callejón Nievas
Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con el denominado “Callejón Nievas”.
Según la presentación, la actual administración municipal habría cuestionado obras realizadas en ese sector y acusado al denunciante de haber ejecutado trabajos de manera irregular para beneficio propio.
Nievas sostiene, en cambio, que esas obras contaban con antecedentes administrativos, reclamos de vecinos y resoluciones municipales de una gestión anterior, destinadas a garantizar el acceso a servicios esenciales para unas 15 familias de la zona.
La denuncia también plantea que algunos vecinos habrían recibido presiones para firmar presentaciones contra el exempleado, vinculando esas supuestas exigencias con la posibilidad de acceder a determinados certificados municipales.
Ante este escenario, la representación legal de Nievas solicitó a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales que adopte medidas para preservar documentación y evidencia digital, además de avanzar sobre los expedientes administrativos vinculados a los hechos denunciados.
También pidió reconstruir la cadena de órdenes y responsabilidades para determinar quiénes pudieron haber intervenido.
Por ahora, se trata de una denuncia que deberá ser investigada y cuyos hechos y responsabilidades no han sido determinados judicialmente. La causa buscará establecer si efectivamente existió un uso irregular de recursos municipales, si hubo presiones sobre trabajadores y vecinos y quiénes podrían resultar responsables, en caso de comprobarse los hechos denunciados.