Un gravísimo episodio institucional sacude al departamento de Calingasta. La Justicia sanjuanina puso bajo la lupa a un empleado de la administración comunal tras detectarse una presunta maniobra fraudulenta vinculada al cobro de tributos municipales a los contribuyentes. El caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que ya concretó medidas de rigor en busca de pruebas contundentes.
La causa se originó a partir de una presentación penal directa realizada por el intendente municipal, Sebastián Alberto Carbajal, quien al tomar conocimiento de la irregularidad activó los mecanismos legales correspondientes para deslindar responsabilidades y esclarecer el destino del dinero.
La maniobra investigada: pagos a cuentas particulares
De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, el empleado municipal habría aprovechado su posición y funciones dentro de la comuna para alterar el circuito formal de recaudación.
Bajo este ardid, el sospechoso le habría solicitado a una contribuyente que efectuara el pago de una tasa municipal mediante una transferencia bancaria a una cuenta de titularidad personal. De esta manera, los fondos abonados nunca ingresaron a las cuentas oficiales de la Municipalidad de Calingasta ni pasaron por los canales de la caja municipal autorizados.
Allanamientos y secuestro de documentación oficial
Ante la gravedad de la denuncia, el fiscal de la causa, Iván Grassi, junto a los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Victoria Martín, coordinó un operativo exprés durante las jornadas del 7 y 8 de octubre.
Entre las medidas de prueba ejecutadas con el aval del juez de Garantías interviniente, se destacaron:
Procedimiento de allanamiento: Una inspección exhaustiva en las dependencias de la Municipalidad de Calingasta para recolectar rastros de la operatoria.
Secuestro de documentación: Incautación de papelería oficial, registros contables y comprobantes que permitirán trazar cómo se realizaban las transacciones y determinar el monto exacto involucrado.
Ronda de testimoniales: Entrevistas a distintas personas vinculadas al área para reconstruir el circuito administrativo y sumar elementos a la investigación.
El futuro judicial de la causa
Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa penal preparatoria, donde rigen las garantías constitucionales para todas las partes involucradas. La fiscalía buscará comprobar fehacientemente si existió un delito penal de corrupción o defraudación, el grado de participación del empleado señalado y si la maniobra responde a un caso aislado o forma parte de un esquema de cobros irregulares dentro de la comuna calingastina.
*Con información y foto de Dairio de Cuyo
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