Luego de la derrota del intendente Julián Gil, en Caucete, la transición llega con premio: el jefe comunal pasó a planta permanente a 21 funcionarios de su gabinete, de 67 vacantes.
Según publicó Diario de Cuyo, el decreto de nombramientos salió el 26 de marzo y cubre un total de 67 cargos vacantes de la planta permanente, de los cuales, 21 son ocupados por funcionarios (ver recuadro). La resolución tiene vigencia a partir de este mes, justo después del resultado de las elecciones en las que el intendente y su equipo perdieron. A lo oportuno de la fecha se le suma que un empleado público adquiere la estabilidad luego de los seis meses. Dicho plazo se cumple en diciembre, cuando justamente asumirá Rosas.
Por otro lado, ha habido antecedentes de intendentes que dejaron como efectivos a trabajadores cuando estaban a punto de dejar su mandato, pero se trataba de empleados que estaban contratados o con algún tipo de régimen temporario, como becas o pasantías. En este caso, Gil fue más allá, porque incluyó una buena parte de funcionarios de planta política y, según las fuentes, además hay familiares de varios de ellos.
La movida del jefe comunal va en contra de la ley de Responsabilidad Fiscal para los municipios y que él mismo firmó junto a sus pares. Previendo el recambio de gobiernos de diferentes signos políticos, la norma establece que las gestiones comunales no pueden incrementar el gasto corriente durante los últimos tres trimestres del año de fin de mandato. Un gasto corriente es, por ejemplo, la designación efectiva de personal. El incumplimiento de la normativa establece sanciones, como la imposibilidad de acceder a recursos del Fondo de Desarrollo Regional para la ejecución de proyectos. Pero como Gil se va, quien recibiría la penalidad es Rosas, su sucesora.
Sin embargo, la legalidad del decreto que sacó el intendente y toda la movida está bajo estudio, al igual que una presentación judicial, dijeron fuentes ligadas al PJ. Es que la ley impide la incorporación de empleados a planta durante los últimos nueve meses del año de fin de mandato, esto es, en el período comprendido desde el 10 de marzo al 10 de diciembre. La resolución del jefe comunal salió el 26 de marzo, por lo que estaría dentro del plazo que frena los ingresos. Además, hay fuentes que entienden que el aumento del gasto por las nuevas erogaciones salariales se producirán desde julio, por lo que entrarían aún más en el lapso fijado como margen para no complicarle la vida al que viene.
Por otro lado, el traspaso de los funcionarios a la planta permanente genera el interrogante si han quedado liberados dichos puestos políticos y si serán cubiertos por otras personas, lo que implicaría otro incremento de recursos para pagar esos sueldos.
No es lo único que ha estallado luego de la derrota, ya que trascendió el cierre de dos merenderos municipales y la baja a unas 100 personas con un plan laboral. El tema se planteó en el Concejo y la presidente señaló que fueron 20 trabajadores que no cumplían funciones y que los merenderos fueron cambiados de domicilio.
De acuerdo al decreto y fuentes calificadas, los funcionarios que pasaron a planta permanente son: el secretario de Producción, Rodrigo Barrera; el de Coordinación, Hugo Bustos; el director de Turismo, Pablo Sosa; la de Vivienda, María de los Ángeles Garro; el director de Desarrollo Estratégico, Alexis Alvarez Macias; el de Gobierno, Dulio Ochoa; la de Cultura, Lorena Gómez; el de Ambiente, Franco Vedia; el contador Leonardo Maza, el subcontador Pedro Márquez, la tesorera Sofía Vera-Rocha; el encargado de Personal Humberto Buffagni; la subdirectora Administrativa del Concejo Deliberante, María Yolanda Quiroga; el coordinador de Comunidades Aborígenes, Franco Gil; el de Deportes, Mauro Quiroga; el de Rentas, Lucas Caselli; el de la Juventud Yamil Ochi, el de Ceremonial y Protocolo Víctor Saavedra; la del área de la Mujer, Nilda Llanos; el de Prensa, Fabián Acosta, y el jefe de Asesoría Letrada, Rodrigo Alé.
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