La intendenta de Caucete, Romina Rosas, vuelve a estar en el centro de la polémica. Este lunes fue denunciada ante el Concejo Deliberante por presunto “obrar antijurídico”, es decir, por no cumplir con el pago de los sueldos correspondientes al mes de junio ni del aguinaldo 2025 a dos funcionarios del Juzgado de Faltas municipal.
La denuncia fue presentada por el abogado Oscar Gabriel Silva, en representación del juez de Faltas, Julio César Mas Mulet, y la secretaria del juzgado, Delfina Gabriela Gil. Según el escrito, ambos forman parte de la planta permanente y debieron haber cobrado junto al resto de los empleados, quienes sí percibieron sus haberes en tiempo y forma. Además, acusan al Ejecutivo municipal de incurrir en una actitud discriminatoria.
“El acto configura una clara situación discriminatoria”, señala el documento, en el que también se remarca que el municipio habría recibido los fondos provinciales correspondientes para cubrir esos pagos.
Este conflicto se suma a otros episodios que mantienen a Romina Rosas bajo la lupa. En abril, el Tribunal de Cuentas de San Juan elevó un requerimiento formal a la intendenta para que rinda cuentas sobre presuntas irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos. El organismo advirtió sobre pagos sin respaldo contable, liquidaciones mal confeccionadas y contrataciones poco claras. Exige explicaciones sobre el destino de sumas millonarias, los criterios de asignación y el cumplimiento de la normativa vigente.
A este escenario se agrega el conflicto con DECSA (Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A.), por una millonaria deuda en concepto del servicio eléctrico para alumbrado público y edificios municipales. A mediados de abril, el interventor de la firma, Daniel Castro, advirtió que la deuda supera los $700 millones. Ese mismo día, el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) emitió un informe con detalles de la situación financiera crítica que atraviesa la comuna del Este, aún sin solución visible por parte de la gestión de Romina Rosas.
