En una sesión marcada por la tensión política, el Concejo Deliberante de Caucete interpeló a la intendenta Romina Rosas debido a una deuda millonaria que el municipio mantiene con la empresa DECSA, prestadora del servicio eléctrico. La discusión estuvo cargada de fuertes acusaciones, y uno de los momentos más duros lo protagonizó el concejal Emanuel Castro, quien afirmó: “Esta deuda tiene nombre y apellido: Romina Rosas. Es la responsable de haber llevado a Caucete a esta situación gravísima”.
Según la Resolución EPRE N°508/25, el monto adeudado asciende a \$550.162.640. Esta cifra fue determinada a partir de una auditoría técnica y contable realizada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que estableció que el municipio mantiene una deuda por el consumo de electricidad en edificios públicos y alumbrado desde diciembre de 2022 hasta enero de 2025.
Durante la sesión, Castro también acusó a Rosas de intentar desvirtuar la interpelación y convertirla en un acto político: “Abrió las ventanas del recinto para que empleados le gritaran a los concejales. Fue una puesta en escena para victimizarse, mientras nosotros tratamos de esclarecer una situación crítica que pone en riesgo el funcionamiento del departamento”.
La intendenta, por su parte, había denunciado a DECSA por presunta manipulación en la facturación y alegó persecución política. Sin embargo, el EPRE desestimó los informes presentados por el municipio por considerarlos infundados e insuficientes. “La auditoría del EPRE confirmó que la deuda es real y que la vía administrativa está agotada”, sostuvo Castro.
La situación es crítica, ya que según el artículo 41 de la Ley Provincial N°524-A, una vez emitida la constancia de deuda —como ya ocurrió— DECSA está en condiciones de iniciar acciones legales e incluso proceder al corte del servicio. “Cualquier vecino que debe dos boletas se queda sin luz. El municipio, como usuario, no puede tener privilegios”, advirtió el edil.
El EPRE ya instó formalmente a la empresa a iniciar el cobro por vía judicial o ejecutiva si no se presenta un plan de pago inmediato. Hasta el momento, esto no ha sucedido. El último intento de acuerdo entre las partes fue en abril, pero no se concretó.
Finalmente, Castro aseguró que el cuerpo deliberativo elevará la situación al Tribunal de Cuentas y que continuará el seguimiento del tema por todas las vías legales disponibles.
