Caucete atraviesa un preocupante escenario que podría derivar en consecuencias graves para sus habitantes: el municipio adeuda cerca de 700 millones de pesos a la empresa Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA) por el servicio de alumbrado público. Así lo confirmó su interventor, Daniel Castro, quien además explicó que la situación viene arrastrándose desde hace más de dos años sin solución alguna.
Castro reveló que ya en mayo de 2024, ambas partes se reunieron para establecer el monto exacto de la deuda, y en septiembre, el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) lo fijó en 465 millones de pesos, tras una auditoría. A partir de ese momento, la intendenta Romina Rosas se comprometió a pagar en 18 cuotas. Sin embargo, nunca cumplió con lo pactado.
“La deuda fue creciendo mes a mes. Hoy asciende a casi 700 millones. Esto nos pone en una situación muy complicada, porque nosotros también debemos responder ante CAMMESA, el organismo que regula la energía a nivel nacional. Si no pagamos, los intereses son altísimos”, advirtió Castro.
La gravedad del asunto no termina ahí: el monto que DECSA reclama corresponde al alumbrado público que pagan los vecinos en sus boletas de luz, lo que abre un serio interrogante sobre el destino real de esos fondos. “Si lo que pagan los usuarios es menor a lo que se consume, la diferencia la debe cubrir el municipio. Pero eso no ha pasado”, indicó el interventor.
Desde el EPRE notificaron al municipio sobre esta obligación legal y advirtieron que, al haber vencido el plazo para acordar el plan de pago, DECSA queda facultada para iniciar acciones judiciales e incluso proceder al corte del servicio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Provincial Nº 524-A.
Hoy, los vecinos de Caucete viven con la incertidumbre de saber si se quedarán a oscuras. Mientras tanto, la gestión de Romina Rosas guarda silencio, sin ofrecer explicaciones claras sobre el manejo de los fondos públicos ni soluciones concretas ante una crisis que se agrava día a día.
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