La novela entre la Municipalidad de Caucete y la distribuidora eléctrica DECSA sumó este viernes un giro inesperado. La intendenta Romina Rosas, quien durante meses negó la existencia de la deuda millonaria, reconoció que el municipio deberá acogerse a un plan de pagos impuesto por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). El pasivo supera los $500.000.000, según la certificación emitida por el organismo.
En declaraciones a la prensa, Rosas intentó despegarse de la responsabilidad política y aseguró que el acuerdo “no implica reconocer la deuda”. Sin embargo, confirmó que se fijarán montos y cuotas para evitar “irregularidades administrativas” que podrían complicar aún más las finanzas municipales. “No es que nos vamos a hacer cargo de la deuda, es más, no reconocemos la deuda, pero hay un pedido de cumplimiento para no entrar en una irregularidad”, sostuvo.
La intendenta adelantó que, mientras comienza a pagar, continuará una acción judicial contra el EPRE para declarar “la nulidad” de la resolución que fijó la deuda. No obstante, desde el organismo regulador advirtieron que el trámite administrativo está cerrado y que la distribuidora incluso está habilitada a restringir el servicio si no cobra.
La tensión escaló desde la interpelación en el Concejo Deliberante el pasado 19 de junio, cuando Rosas desconoció los montos y acusó a DECSA de errores graves en la facturación. A pesar de ello, el municipio no puede evadir el cumplimiento de la resolución del EPRE, que tiene carácter ejecutivo.
Según el vicepresidente del ente, Roberto Ferrero, la deuda se debe en gran medida a la falta de medición directa del alumbrado público, lo que obliga a estimaciones. La noticia deja a Rosas en una posición incómoda: tras meses de negar la deuda, se ve obligada a pagar en cuotas mientras batalla en tribunales para revertir la decisión.
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