En un giro determinante dentro de una causa de alto impacto social, la Justicia de San Juan resolvió este jueves que el único detenido por el presunto abuso sexual ocurrido en una reunión social en Caucete es penalmente imputable, pero continuará el proceso en libertad mientras avanza la investigación.
La decisión judicial se tomó luego de conocerse el resultado del Examen Mental Obligatorio (EMO), que concluyó que el acusado comprende la criminalidad de sus actos. Este dictamen psiquiátrico despejó las dudas que habían surgido en la audiencia anterior, cuando el proceso fue suspendido debido a cuestionamientos sobre su capacidad mental.
En aquella instancia se había expuesto que el imputado no sabe leer ni escribir y que contaba con certificados de discapacidad por retraso madurativo, lo que obligó a la Justicia a frenar momentáneamente el avance de la causa hasta contar con una evaluación especializada.
Investigación formal, pero sin prisión preventiva
Con el resultado del EMO incorporado al expediente, la Fiscalía solicitó la apertura de la Investigación Penal Preparatoria, pedido que fue avalado por la jueza de garantías Ana Carolina Parra, quien fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la pesquisa.
Sin embargo, el fiscal no solicitó prisión preventiva, por lo que el imputado quedó en libertad, aunque sujeto a medidas cautelares estrictas dispuestas por el tribunal.
Las condiciones impuestas por la Justicia
El acusado deberá cumplir con las siguientes medidas mientras dure la investigación:
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Prohibición absoluta de contacto o comunicación con la denunciante y con los testigos.
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Presentación obligatoria cada 15 días en la Comisaría 9ª.
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Prohibición de salir de la provincia de San Juan sin autorización judicial previa.
Durante la audiencia, el imputado se abstuvo de declarar.
Un caso sensible que sigue abierto
El hecho investigado habría ocurrido durante una juntada de amigos en Caucete, y la gravedad de la acusación contrastó desde un inicio con el perfil del detenido, lo que motivó la realización del examen psiquiátrico. Los certificados médicos presentados por la defensa databan de 2011 y 2025, pero no fueron considerados suficientes para impedir el avance del proceso penal.
La pericia fue determinante al establecer que, más allá de sus limitaciones educativas, el acusado entiende que la conducta atribuida está prohibida por la ley.