La intendenta del departamento Chimbas, Daniela Rodríguez, anunció oficialmente que vetó la Ordenanza N.º 2913-CD-2025, correspondiente al Presupuesto de Gastos y Recursos 2026, sancionada días atrás por el Concejo Deliberante. Según explicó, la decisión responde a la necesidad de resguardar el orden institucional y evitar un avance del Poder Legislativo sobre facultades exclusivas del Ejecutivo.
En un comunicado difundido este martes, Rodríguez sostuvo que la función del Concejo en materia presupuestaria es “autorizante y de control”, pero no ejecutiva ni gestora. En ese sentido, advirtió que el cuerpo deliberativo no puede diseñar un nuevo presupuesto, reasignar partidas, crear gastos ni modificar prioridades, ya que esas acciones implican “gobernar y no legislar”.
Uno de los puntos más sensibles señalados por la jefa comunal fue la asignación de cuatro mil millones de pesos para el funcionamiento del Concejo Deliberante. Para el Ejecutivo, se trata de un monto “desproporcionado” para un órgano legislativo municipal y que genera, según Rodríguez, “un quiebre del orden institucional que afecta directamente la gobernabilidad”.
Además, la intendenta denunció que el Concejo redefinió partidas clave, decidiendo qué gastos se ejecutan y cuáles se eliminan, qué políticas sociales continúan y qué servicios se sostienen, avanzando así sobre competencias propias del Ejecutivo municipal. “Pasan de controlar a gobernar”, remarcó en el texto oficial.
Otro de los aspectos cuestionados fue el aumento de la remuneración de la intendenta dispuesto por el propio Concejo. Rodríguez afirmó que esa decisión tuvo como único objetivo incrementar los haberes de los concejales, ya que —según la Carta Orgánica— los sueldos del cuerpo legislativo se calculan en función del salario de la jefa comunal.
El comunicado también advierte sobre la creación unilateral de partidas para viáticos, subsidios y contrataciones directas, así como la conformación de una estructura administrativa paralela, con nuevas direcciones como Eventos, Recursos Humanos, Compras y Contrataciones, e Innovación y Participación Ciudadana, entre otros cargos políticos que el Concejo intentó incorporar sin sustento legal.
Finalmente, Rodríguez aseguró que desde el Ejecutivo se buscó el diálogo institucional por vías formales e informales, pero sin resultados. En ese marco, defendió el veto como un “deber jurídico” y no como una decisión política, con el objetivo de garantizar la división de poderes y el normal funcionamiento de los servicios municipales que recibe la comunidad de Chimbas.
