La política de Jáchal quedó sacudida tras la denuncia penal presentada el 20 de febrero contra el intendente Matías Espejo, en el marco de la organización de la 64º Fiesta Nacional de la Tradición.
La acusación no solo alcanza al jefe comunal, sino que pone en tela de juicio a toda la estructura administrativa que autorizó la seguridad del evento realizado en el Anfiteatro Buenaventura Luna.
Seis delitos graves en la denuncia
Los concejales Gema Casas y Felipe Tañez fundamentaron la presentación judicial en la presunta comisión de:
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Incumplimiento de los deberes de funcionario público
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Peculado
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Malversación de caudales públicos
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Administración fraudulenta
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Falsedad ideológica
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Encubrimiento
La denuncia ya fue recepcionada por el colaborador de litigación del fiscal Aballay, quien deberá avanzar con la investigación.
Seguridad “fantasma” en pleno evento
El eje central del escándalo gira en torno a Luis Eduardo Medawar y Gabriel Marcelo Clavel, señalados como coordinadores del servicio de seguridad durante el evento.
Sin embargo, una respuesta oficial de la Central de Policía, fechada el 4 de diciembre de 2025, confirmó que ninguna agencia de seguridad en la provincia figura a nombre de estas personas.
La situación se agravó cuando, durante las noches del 14 y 15 de noviembre de 2025, la División Control de Agencias Privadas constató que 20 personas realizaban tareas de seguridad sin autorización legal, lo que derivó en expedientes por infracción a la Ley 926-R, que regula estos servicios en San Juan.
Reclamos sin respuestas
A este escenario se suma la presunta falta de transparencia administrativa. Los ediles denunciantes aseguraron que el 29 de diciembre solicitaron formalmente al intendente copia de facturas, contratos y antecedentes de contratación vinculados a estas personas.
Según denunciaron, no obtuvieron respuestas satisfactorias, lo que alimentó aún más las sospechas.
Una bomba política en Jáchal
La causa busca determinar si el municipio contrató una firma sin habilitación legal y si se habría falseado documentación pública para justificar el pago de un servicio que, según la denuncia, nunca estuvo formalmente autorizado.
El intendente Espejo queda así en el centro de una investigación que podría tener consecuencias penales y políticas de alto impacto.