Un matrimonio de arquitectos y un empresario inmobiliario quedaron imputados por una presunta estafa de 240.000 dólares (más de 360 millones de pesos) en un caso que involucra un préstamo para un proyecto de departamentos en Rawson que nunca se concretó.
Los acusados son el arquitecto Esteban Fernández De Cieza, su esposa, la arquitecta María José Garcés Correa, y el empresario Ricardo Javier Sánchez Montilla. El fiscal Nicolás Alvo, a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, los imputó por el delito de estafa: a los dos hombres como presuntos coautores y a la mujer como partícipe secundaria.
El caso
Según la investigación, a fines de 2023 los tres imputados solicitaron un préstamo en dólares a los abogados Alejandro Oliver Montilla y Nicolás Triviño. El dinero iba a ser destinado a la finalización de un complejo de departamentos en Rawson.
Como garantía, ofrecieron dos lotes o departamentos del proyecto y cuatro vehículos: una camioneta Nissan, un auto y dos cuatriciclos. Sin embargo, tras realizar algunos pagos iniciales, los imputados dejaron de cumplir con la deuda. Cuando los prestamistas intentaron ejecutar las garantías, descubrieron que los bienes ya habían sido vendidos.
El fiscal sostiene que los acusados sabían de antemano que no podrían responder por el préstamo, ya que el matrimonio de arquitectos había vendido las unidades y los vehículos meses antes de firmar el acuerdo.
Vínculo con la megaestafa de lotes
El nombre de Ricardo Javier Sánchez Montilla ya era conocido en los tribunales sanjuaninos. Forma parte de los 10 imputados en la megacausa de estafa inmobiliaria que estalló en octubre de 2024, liderada por el empresario Héctor Storniolo, con más de 600 denuncias y un perjuicio superior a los 2.700 millones de pesos.
Caída del acuerdo y avance judicial
En febrero de 2026 las partes llegaron a un principio de acuerdo: Sánchez Montilla y el matrimonio de arquitectos se comprometieron a devolver el dinero en cuotas. Sin embargo, solo se pagó una cuota por parte de los arquitectos, y el empresario ni siquiera cumplió con la primera.
Ante el incumplimiento, el fiscal Alvo avanzó con la imputación formal. Este martes, la jueza de Garantías Mabel Moya habilitó la Investigación Penal Preparatoria por 12 meses y dispuso que los tres imputados continúen en libertad.
Además, la magistrada ordenó el embargo preventivo y la inhibición general de bienes sobre el matrimonio Fernández De Cieza – Garcés Correa. No aplicó las mismas medidas sobre Sánchez Montilla, cuyo abogado, Agustín Idemi, argumentó que su cliente no firmó ningún documento de garantía.
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