La Corte Suprema desestimará en las próximas horas los recursos presentados en el caso Ciccone y de esa manera dejará firme la condena de 5 años y 10 meses para el ex vicepresidente Amado Boudou que había dictado el Tribunal Oral Federal 4 en 2018. Por ese escándalo también habían sido condenados José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Alejandro Vandenbroele (el único que no apeló), Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri. Con esta decisión, Boudou regresaría a prisión.
Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Ariel Lijo en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Recuperó su libertad en enero de 2018.
Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del TOF 4 por el caso Ciccone. Ese período se extendió hasta el 11 de diciembre de ese año, cuando ese mismo tribunal, con otra composición, decidió otorgarle la excarcelación tras el pago de 1 millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica con GPS. Boudou regresó a su casa de Barracas, donde lo esperaban su esposa y sus hijos mellizos.
Su tercer paso por el complejo penitenciario de Ezeiza arrancó el 18 de febrero del año pasado, luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación. Esa resolución habló de “análisis sesgado” y de la “falta de justificación” para disponer su libertad. Pero también de los vínculos de poder que aún conservaría y la multiplicidad de causas que aún enfrenta. Finalmente, en abril de este año obtuvo la prisión domiciliaria.
El ex vicepresidente había sido condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a la pena de 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Los jueces también lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención por la compra de la empresa Ciccone por parte de The Old Fund, una empresa pantalla que tenía como cara visible a Vandenbroele.
Su amigo y socio, José María Núñez Carmona, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, y el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo. El tribunal también condenó al arrepentido Alejandro Vandenbroele a 2 años de cárcel, a Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses. Los dos últimos fueron condenados como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Al final de ese juicio, Boudou optó por hacer una defensa política y aseguró que se estaba “tomando revancha” en su contra por cambiar la política de las AFJP durante su gestión. “Jamás negocié por mí o terceras personas el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone”, sostuvo horas antes de la condena.
En julio del año pasado, la Sala IV de la Cámara de Casación confirmó las condenas en un fallo unánime, con las firmas de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Además de la maniobra para “rescatar” a Ciccone Calcográfica, los jueces dieron por probado que el grupo liderado por Boudou manipuló en provecho personal al menos tres organismos del Estado: la Casa de Moneda, la AFIP, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para beneficiar a la imprenta.
Las defensas de casi todos los imputados fueron a la Corte Suprema por la vía del recurso de queja, excepto Vandenbroele, por lo que quedó confirmada su condena a dos años de prisión en suspenso. Con el cambio de gobierno, el arrepentido fue acusado de recibir dinero durante el gobierno de Cambiemos para modificar su declaración judicial. Según esa acusación, que ahora tramita en un expediente paralelo, el dinero se habría invertido en una posada en la zona de Chacras de Coria, en las afueras de Mendoza.
Para Vandenbroele, esa denuncia, activada a partir de una nota en el sitio El Destape, era parte de una maniobra para intentar beneficiar a Boudou y al resto de los condenados. El objetivo era cuestionar la legitimidad de su testimonio y sumar presión ante la Corte Suprema. “Mi interpretación del tema es que hay intereses concretos en mejorar la situación procesal de ciertas personas y socavando mi testimonio se pueden ver beneficiadas”, le dijo a Infobae en febrero de este año.
De hecho, la filtración del legajo secreto de Vandenbroele desencadenó varios movimientos de las defensas de los condenados. Además de la denuncia penal, hubo presentaciones ante la Corte y el TOF 4.
Antes del comienzo de la pandemia, el ex titular de The Old Fund renunció al Programa de Testigos Protegidos, que ya había pasado a la órbita del Ministerio de Justicia, y se recluyó en la posada de Mendoza. Donde habría pasado toda la cuarentena, afectado desde marzo por las restricciones al turismo.
En octubre del año pasado, un tribunal oral federal redujo la condena de Boudou tras aceptar computar como parte de la detención los dos meses y medio que estuvo detenido por la causa de enriquecimiento y lavado de dinero. La defensa del ex vicepresidente señaló que esa detención –ordenada por el juez Ariel Lijo– fue en una causa conexa a Ciccone y que por lo tanto debía computarse como tiempo cumplido en prisión para la condena principal.
En abril pasado, el Tribunal Oral Federal 4 le otorgó a Boudou la prisión domiciliaria en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. La decisión la tomó el juez Daniel Obligado, actuando como juez de ejecución, tras analizar la situación penal del ex vicepresidente. “El actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del Covid 19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas (ley 24.660), que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad”, escribió.
Cuatro meses después, el socio y amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, también recibió el beneficio de la prisión domiciliaria para continuar su detención en una vivienda de la ciudad de Mar del Plata, según informó Infobae.