El Ministerio de Turismo y Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, informa que ante los hechos de vandalismo ocurridos en la zona de Lagar Grande, departamento Caucete, se llevó a cabo una investigación donde se detectó que una persona de sexo masculino realizó estas acciones irregulares. Como resultado de este procedimiento, se determinó realizar la denuncia pertinente ante el Poder Judicial, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional N° 25.743 y de la Ley Provincial N° 571- F.
El caso
Tras la publicación realizada por la cuenta de Facebook “Aventura Pie de Palo”, uno de sus miembros descubrió en un perfil de facebook al supuesto sujeto que habría dañado una pared con petroglifos en Lagar Grande, ubicado a pocos kilómetros de la Difunta Correa.
El hombre hasta se sacó una foto con el “rayón” que le hizo colocándole su nombre “Elio Enrique Perro” y la puso como foto de perfil en octubre del año pasado.
Estos petroglifos datan de antes de a llegada de los españoles a América, entre los años 1200 a 1470, y antes del imperio Inca por lo que son invaluables para a la historia del territorito sanjuanino.
En defensa del Patrimonio Arqueológico
La Ley Nacional N° 25.743/2003 expresa que forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.
Por otra parte, la Ley Provincial N° 571-F se adhiere a lo prescripto en la Ley Nacional Nº 25743 que regula el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. En todo lo que no sea modificado por la presente Ley, la autoridad de aplicación en San Juan es la Secretaría de Cultura.
A su vez, la ley expresa que aquellas personas que, por acción u omisión, realicen un despojo, saqueo o sustracción de los bienes mencionados o que pongan a los mismos en peligro de pérdida, desaparición o destrucción, total o parcial, o que perturben su función social, serán sancionados con multas que oscilarán entre tres (3) y hasta treinta (30) sueldos del escalafón mínimo de la Administración Pública, de acuerdo al grado de participación, gravedad de la infracción cometida y reincidencia, conforme establezca el Poder Ejecutivo.
