La Justicia de San Juan formalizó este martes la investigación penal contra Sergio Vallejos, empresario y ex candidato a gobernador, luego de una denuncia presentada por su pareja por presuntos hechos de violencia de género ocurridos en una vivienda de Capital.
Durante una audiencia realizada ante el juez Mariano Carrera, el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio expusieron los elementos reunidos hasta el momento y solicitaron la imputación formal del acusado.
Tras escuchar los planteos de las partes, el magistrado resolvió imputar a Vallejos por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.
Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 16 de mayo en el domicilio que compartían el imputado y la denunciante en la zona de Desamparados.
De acuerdo con la acusación, la mujer regresó a la vivienda acompañada por una amiga y, al ingresar al predio, habría sido recibida por Vallejos con insultos y recriminaciones.
La Fiscalía sostuvo que, en medio de la discusión, la denunciante intentó comunicarse con una amiga para pedir ayuda, momento en el que presuntamente el acusado le quitó el teléfono celular.
Siempre según la versión presentada por los investigadores, cuando la mujer logró recuperar el aparato, Vallejos la habría empujado, provocando su caída al suelo mientras le exigía que abandonara la propiedad.
La situación habría continuado cuando la denunciante intentó volver a ingresar a la vivienda y el acusado se lo impidió, además de amenazar con quemar sus pertenencias.
Ante ese escenario, la mujer llamó al 911 para solicitar asistencia policial.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, la denunciante relató lo ocurrido y manifestó además que Vallejos poseía armas de fuego en el domicilio.
Esa información motivó una orden de allanamiento que se concretó el 17 de mayo.
Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron cinco armas de fuego. Según la investigación preliminar, una pistola calibre 22 marca Bersa no contaría con la autorización legal correspondiente para su tenencia, situación que derivó en una segunda imputación penal.
Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía, el juez Mariano Carrera dio por formalizada la investigación y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de las medidas probatorias.
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