La UFI de Delitos Informáticos y Estafas obtuvo una condena de tres años de prisión de ejecución condicional contra un hombre declarado culpable del delito de distribución de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas, previsto en el artículo 128 del Código Penal.
La sentencia fue dictada este 23 de julio, luego de que las partes arribaran a un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el juez Federico Rodríguez, quien declaró la responsabilidad penal del imputado y fijó la pena correspondiente.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Pablo Martín, con la intervención del ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez, integrantes de la UFI especializada en delitos informáticos.
La investigación comenzó con un alerta internacional
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la causa tuvo origen en un reporte emitido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo internacional que trabaja en la detección y denuncia de delitos vinculados al abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
A partir de esa comunicación, la Fiscalía desarrolló distintas medidas de investigación que permitieron identificar al responsable, reunir evidencia digital y solicitar las órdenes judiciales necesarias para realizar allanamientos y secuestrar dispositivos electrónicos.
Las pericias sobre esos elementos fueron fundamentales para reunir las pruebas que respaldaron la acusación y permitieron avanzar hacia la resolución del caso mediante un juicio abreviado.
Reglas de conducta y tratamiento psicológico
Además de la condena de tres años de prisión en suspenso, el hombre deberá cumplir durante ese mismo período una serie de reglas de conducta impuestas por la Justicia.
Entre ellas se encuentran la obligación de fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar un tratamiento psicológico orientado al control de impulsos, el respeto por la integridad sexual y la responsabilidad penal.
Asimismo, el magistrado ordenó que los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación sean previamente sanitizados antes de su eventual devolución, con el fin de eliminar cualquier contenido ilícito detectado durante la causa.
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