El 13 de mayo pasado, Juan Pablo Echegaray —hijo de un juez federal— fue sobreseído en la causa que investiga la muerte de Lucía Rubiño, ocurrida en octubre de 2023. La querella, representada por el abogado Marcelo Fernández, apeló la resolución con el objetivo de que se revoque el fallo y se avance hacia una eventual condena.
Sin embargo, a un mes de presentada la apelación, cinco de los jueces de la Cámara de Impugnación decidieron apartarse del expediente. La mayoría alegó vínculos personales con la víctima o con las partes involucradas.
El primero en inhibirse fue Daniel Guillén, por haber emitido opinión en una causa vinculada al menor imputado. Luego se apartó Maximiliano Blejman, al declarar que su hija era amiga de Lucía Rubiño y que vivía cerca del lugar donde ocurrió el hecho. Posteriormente, Juan Carlos Caballero Vidal y Benedicto Correa también se excusaron por motivos similares: sus hijas eran amigas de la víctima y una de ellas estuvo presente la noche del suceso. Finalmente, la jueza Ana Lía Larrea se inhibió tras reconocer que ya había opinado en otro expediente relacionado con el mismo imputado.
El único juez que aún no se pronunció es Renato Roca. No obstante, la querella ya anticipó que lo recusará si no se aparta voluntariamente, debido a su vínculo de amistad con el fiscal de la causa, Iván Grassi. “Conozco a Roca desde antes de que fuera fiscal, y no dudo de su integridad, pero su cercanía con Grassi puede afectar su imparcialidad”, sostuvo Fernández.
En paralelo, continúa una segunda causa en la que Echegaray está imputado por su presunta participación en una carrera ilegal previa a la muerte de Lucía. En ese expediente, el fiscal Grassi solicitó llevarlo a juicio y pidió una condena de dos años de prisión en suspenso, además del doble de inhabilitación para conducir. La audiencia prevista para el 27 de mayo fue suspendida a pedido de la defensa, que solicitó aguardar hasta que el sobreseimiento quede firme. Echegaray participó en esa instancia de forma remota desde Mendoza.
La serie de inhibiciones y posibles recusaciones sigue demorando el avance del proceso judicial, mientras familiares, allegados y la sociedad en general esperan definiciones concretas en una causa que ha generado fuerte impacto público.
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