La UFI Delitos Especiales avanzó este jueves con una medida procesal en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum: notificó a distintas personas que podrían quedar vinculadas al expediente y les informó sobre los derechos que les asisten, según informó el sitio 0264noticias.
Se trata de una instancia contemplada por el Código Procesal Penal de San Juan, previa a una eventual formalización de la investigación. La notificación permite que las personas involucradas conozcan la existencia de las actuaciones y puedan ejercer sus derechos.
Entre los notificados se encuentra Sergio Uñac, exvicegobernador y exgobernador de San Juan y actual senador nacional.
También fueron notificados Cristian Andino, ex presidente de OSSE y actual diputado nacional; Guillermo Sirerol, ex titular de OSSE; Sergio Ruiz, también ex presidente del organismo y actual asesor de Uñac; Gustavo Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A., empresa adjudicataria de la obra; y Humberto Caballero, ex jefe del Departamento Jurídico de OSSE y actual juez laboral.
La lista se completa con Juan Sánchez, funcionario de OSSE vinculado a la implementación del proyecto; Julio Andino, quien fue ministro de Infraestructura entre 2015 y 2023; Francisco Javier Correa, funcionario de OSSE, auditor técnico y gerente de Obras; Rolando Vicente Caruso, jefe del Departamento Proyectos de OSSE; y Juan Carlos Caparros, ex presidente del organismo.
Una investigación que continúa
La causa comenzó en diciembre del año pasado a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, luego de publicaciones periodísticas relacionadas con presuntas irregularidades en la megaobra.
Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez llevan adelante la investigación y ya solicitaron una extensión del plazo de la etapa preliminar, autorización que fue concedida por la Justicia de Garantías.
En septiembre, además, la Fiscalía realizó allanamientos en oficinas vinculadas a Krah, donde se secuestró documentación y equipos informáticos que deberán ser analizados.
Entre los aspectos que busca determinar la investigación aparecen las condiciones de los materiales utilizados en la obra y la eventual existencia de sobreprecios, entre otras hipótesis planteadas en la denuncia.
La causa también menciona posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público. Estas figuras forman parte de las hipótesis investigativas y no representan una imputación formal contra las personas notificadas.
Qué implica la notificación
La medida adoptada por Fiscalía no significa que los funcionarios, exfuncionarios o empresarios hayan sido imputados ni que la Justicia haya determinado que cometieron un delito.
La notificación tiene como objetivo comunicarles que podrían quedar vinculados a la investigación y permitirles ejercer sus derechos, entre ellos designar un abogado particular o solicitar la intervención de un defensor oficial.
De acuerdo con la información del expediente, la Fiscalía tiene plazo hasta los primeros días de noviembre para definir los pasos siguientes. Entre las posibilidades se encuentran formalizar la investigación, desestimar la denuncia o disponer el archivo de las actuaciones.
Por ahora, la investigación continúa con la incorporación y análisis de las pruebas reunidas por los fiscales.
