La caucetera Amelia Irene Bravo, detenida desde el 26 de junio, enfrenta un panorama judicial aún más complejo. La mujer está acusada de haber estafado a un matrimonio de ancianos enfermos por una suma que, según las últimas pruebas, asciende a $13,5 millones, más del doble de lo denunciado inicialmente.
El caso salió a la luz cuando la Residencia de Adultos Mayores Eva Duarte de Perón alertó sobre movimientos sospechosos en las cuentas de los ancianos, un hombre de más de 80 años con una pierna amputada y su esposa con demencia senil. Bravo, quien actuaba como su apoderada, les dejaba apenas $5.000 al mes para sus gastos, mientras realizaba transferencias y obtenía préstamos millonarios a su nombre.
En su domicilio en Villa Independencia, Caucete, la Policía encontró además una tumbera, lo que derivó en otra causa por tenencia ilegal de arma de fuego. Las pruebas bancarias revelaron que Bravo transfirió al menos $2.594.000 a sus cuentas personales y gestionó préstamos por $4 millones, cifra que ahora se amplió con otros cuatro préstamos por $7 millones.
La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui y su equipo, quienes solicitaron la prórroga de la prisión preventiva por 60 días, avalada por la jueza Celia Maldonado, mientras se profundiza el análisis de las operaciones financieras. Bravo seguirá detenida en la Comisaría 37 hasta septiembre.
