La investigación judicial sobre las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, una de las obras hídricas más importantes y controvertidas de la historia reciente de San Juan, sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia rechazara un planteo presentado por dos ex presidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
El juez Eduardo Raed resolvió no hacer lugar al pedido de recusación impulsado por los ex titulares del organismo, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, quienes habían solicitado apartar de la causa a la jueza de Garantías Mónica Lucero, magistrada que intervino en distintas medidas previas requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
Según trascendió, Raed concluyó que no existen elementos suficientes que justifiquen el apartamiento de la jueza, por lo que Lucero continuará interviniendo en las actuaciones vinculadas a la investigación.
No obstante, el magistrado aclaró que, al menos por el momento, ni Sirerol ni Ruiz tienen calidad procesal dentro del expediente, es decir, no son imputados, querellantes ni víctimas, ya que la causa atraviesa una etapa preliminar de investigación previa a una eventual formalización.
Una investigación que podría ampliarse
La causa judicial busca determinar si existieron delitos en torno a la ejecución del Acueducto Gran Tulum, una megaobra hídrica que comenzó durante la gestión del ex gobernador José Luis Gioja, continuó durante la administración de Sergio Uñac y que, pese a la importante inversión realizada, nunca fue finalizada.
Fuentes judiciales indicaron que la investigación podría alcanzar a distintas administraciones que estuvieron al frente de OSSE durante el desarrollo del proyecto.
Entre los ex funcionarios mencionados aparecen también Mauricio Ibarra, quien presidió OSSE durante parte de la gestión de Uñac, y Cristian Andino, quien ocupó ese cargo durante uno de los períodos de gobierno de Gioja. Sin embargo, ambos tampoco poseen actualmente calidad de imputados en la causa.
La obra bajo investigación
La investigación es llevada adelante por el fiscal Sebastián Gómez, quien analiza el proceso administrativo y licitatorio vinculado al Acueducto Gran Tulum, una obra financiada con recursos nacionales e internacionales cuyo presupuesto total rondó los 200 millones de dólares.
Uno de los principales ejes de la pesquisa está centrado en la contratación de la empresa Krah América Latina S.A., adjudicataria en 2018 del suministro de cañerías para la obra. Según consta en el expediente, se habrían abonado al menos 1.300 millones de pesos por esos materiales.
La Justicia intenta determinar si las tuberías adquiridas cumplían con los estándares técnicos exigidos para el transporte de agua potable y si existieron irregularidades en el proceso de contratación y ejecución.
La investigación también analiza el eventual rol desempeñado por el fallecido Gustavo Monti, quien habría actuado como representante o intermediario local de la firma adjudicataria, además de presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.
Una causa iniciada por una denuncia
La causa judicial se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó investigar posibles delitos vinculados a la contratación, ejecución y financiamiento del proyecto.
Posteriormente, en febrero de 2026, el Gobierno de San Juan se presentó como parte querellante en el expediente.
Desde la actual gestión provincial estiman que el perjuicio económico derivado de la instalación y posterior retiro de aproximadamente diez kilómetros de cañerías podría alcanzar los 50 millones de dólares, dentro de un proyecto cuyo financiamiento total ascendió a unos 200 millones de dólares, aportados mediante créditos internacionales y fondos nacionales.
Mientras la investigación continúa avanzando en el ámbito judicial, resta determinar si existirán nuevas imputaciones o si la causa se ampliará hacia otros funcionarios y responsables que participaron en la ejecución de una de las obras públicas más costosas y controvertidas de la provincia.
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