Dos albañiles sanjuaninos, socios en un emprendimiento de construcción, denunciaron haber sido amenazados por una pareja a la que señalan como personas con peso en el ámbito judicial: según su testimonio, él trabajaría como procurador y ella sería jueza.
El conflicto surgió en un domicilio de Capital, cerca del Matadero, donde los trabajadores realizaron reformas durante aproximadamente mes y medio. Entre las tareas, detallaron la restauración completa de cielorrasos finos y salpicré en unos 70 metros cuadrados. El acuerdo laboral rondaba los $5 millones, pero aseguran que sólo recibieron $3 millones.
Uno de los albañiles, viudo y padre de tres hijos, relató que el problema estalló cuando revisaron las medidas finales para determinar el monto restante. “Medimos todo de vuelta y no eran las mismas medidas que ellos tenían”, expresó.
Según denuncian, al plantear la diferencia, uno de los integrantes de la pareja habría reaccionado con amenazas:
“Miren todo lo que quieran, que yo no pienso pagar y si siguen así, no saben con quién se están metiendo”.
Los obreros afirman que luego enviaron por mensaje los detalles del trabajo y, como respuesta, recibieron advertencias en las que la pareja habría insinuado su influencia en el ámbito judicial.
Días después, uno de los albañiles recibió una citación para presentarse en un juzgado a “retirar un papel”, situación que generó temor y sospecha de maniobras intimidatorias. “Nunca tuvimos nada que ver con causas judiciales. Creemos que quieren asustarnos”, dijeron.
“Ella está usando la Justicia a su favor”, sostuvo el denunciante, quien teme que una simple firma pueda derivar en una imputación o una detención sin fundamentos.
“Sé que esa plata ya la perdí, pero tengo tres menores a cargo”, lamentó, asegurando que trabaja desde los 16 años en la construcción.
Los trabajadores se definieron como “personas humildes que sólo quieren cobrar por lo que hicieron” y radicaron la denuncia en la Comisaría Central por amenazas e incumplimiento de pago.
A pesar de ello, la citación en el juzgado de flagrancia incrementó su temor. “Tenemos miedo de que nos metan presos”, confesaron.
Por el momento, no existe confirmación oficial de una causa en su contra. El caso quedó en manos de las autoridades y los denuncias adelantaron que seguirán el proceso para que, según su relato, el poder no silencie su reclamo.
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