El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan formalizó la investigación penal contra nueve personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la falsificación de documentos de identidad, entre ellas la directora del Registro Civil de Pocito, identificada como N.L.C., quien continúa detenida con prisión preventiva.
Según explicó el fiscal Fernando Alcaraz, la organización habría operado entre agosto de 2024 y mediados de 2025, utilizando un sofisticado sistema para incorporar datos biométricos falsos —fotografías y huellas digitales— en trámites de DNI auténticos, pero con identidades falsas.
Estas identidades eran luego empleadas para obtener créditos y comprar bienes, como electrodomésticos y vehículos, que posteriormente se revendían. El perjuicio económico estimado supera los 156 millones de pesos.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de una víctima en Buenos Aires, quien detectó que se había tramitado un DNI con sus datos verdaderos, pero con imagen y huellas digitales distintas. Las pesquisas apuntaron rápidamente al Registro Civil de Pocito, donde se hallaron pruebas que vincularon a personal del organismo con la emisión irregular de documentos.
Las autoridades determinaron que el grupo contaba con una estructura jerárquica, con miembros encargados de captar personas para prestar sus datos, tramitar los DNIs falsos, realizar compras fraudulentas y revender los productos obtenidos.
La gravedad institucional del caso motivó la intervención del Renaper, que efectuó una auditoría interna y detectó 22 casos adicionales de intentos de falsificación documental relacionados con la misma red. Cuatro de ellos se concretaron y 18 quedaron en grado de tentativa.
En la audiencia de formalización, desarrollada los 24 y 25 de septiembre ante el juez Leopoldo Rago Gallo, se resolvió ampliar las imputaciones, incorporar los nuevos hechos y mantener la prisión preventiva de la funcionaria pocitana. Además, se dictó prisión preventiva para dos hombres, mientras que otros cinco imputados —cuatro mujeres y un hombre— quedaron en libertad bajo restricciones judiciales. Un séptimo acusado, con antecedentes por narcotráfico, fue liberado bajo caución real, y otro permanece prófugo tras fugarse luego de la audiencia.
Los delitos atribuidos incluyen falsificación de documentos públicos, asociación ilícita, estafa y violación a la Ley N.º 17.671, que regula el sistema nacional de identificación.
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