El agresor sexual se llama Mario Lucio García, un hombre de 52 años quien era el tío político de las menores y es muy reconocido entre el empresariado local, ya que estaba vínculado a Pro Mendoza, la entidad exportadora de Mendoza. Además presidió empresas constructoras y entidades empresariales provinciales.
Los abusos fueron denunciados ocho años atrás y según pudo recostruir la investigación basada en el testimonio de las victimas, el modus operandi del pedofílo era meterse en la habitación que compartian las menones con sus primos – los hijos del condenado- cuando lo visitaban.
La estrategia de García fue declararse culpable y así evitarse una condena aún mayor. Pero lo más aberrante que sucedió durante el juicio fue que se conoció una grabación de una confesión de sus delitos al padre de las niñas, cuando este fue a pedirle explicaciones.
“No abusé flaco, abusar es una palabra muy grosera, no abusé, entre hombres te digo, le toqué el culo a (… )a una empleada también, que encima era espantosa, no es que yo sea un violador serial, un pedófilo ni nada (…) le puede pasar a cualquiera”, fueron las palabras que utilizó como un intentó aberrante de justificación.
Desde que menor de las hermanas pudo denunciar por primera vez los hechos, en 2012, pasaron ocho años. Y luego de tratar de “resolver las cosas entre hombres” en 2015, cuando fue grabado”, el hombre se mantuvo profugo.
Fue capturado recién el año pasado durante las elecciones primarias provinciales, pues al presentar el documento descubrieron que tenía pedido de captura. En esa oportunidad el ingeniero intentó huir, pero fue alcanzado por un policía y arrestado en plena calle.
Este año, intentó conseguir la prisión domiciliaria, pero le fue negada. Y, en abril, lo volvió a intertar alegando sufrir asma y ser población de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus. También le fue denegada porque cinco neumonólogos dijeron que no era cierto.
Finalmente esta semana, admitió los hechos y aceptó la pena impuesta por la jueza Miriam Montaldi, en un juicio abreviado, con acuerdo de partes. La condena fue a 13 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante en un número indeterminado de veces agravado por la guarda.
