Tras una denuncia presentada en noviembre de 2018 por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, el Presidente y funcionarios fueron imputados por intentar privatizar por mucho menos de su valor dos centrales termoeléctricas.
Mauricio Macri y a los ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y Javier Iguacel por el intento de privatizar a precio vil las centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López, según la causa que lleva adelante el juez Daniel Rafecas y es investigada por el fiscal Gerardo Pollicita.
La empresa del cónsul honorario en Singapur y “hermano del alma” de Macri, Nicolás Caputo, fue la única oferta admitida para la usina Brigadier López, mientras que en la disputa por Ensenada de Barragán habían preclasificado YPF y, otra vez, Central Puerto.
La central Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares. Para el caso de Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas.
Por el hecho también son investigados el presidente de Ieasa (ex Enarsa), Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el expresidente de Enarsa, Hugo Balboa, y el empresario Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente.
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