La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
En un fallo de 1541 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).
El fallo no tendrá efectos concretos porque puede ser apelado por todas las partes para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para eso tienen 10 días hábiles. Será el máximo tribunal quien resuelva el expediente y si ratifica la decisión de hoy de Casación el fallo quedará firme y en condiciones de ejecutarse. Pero la Corte no tiene plazos para resolver.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
La audiencia se realizó en una sala de audiencias de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py. Fue la misma en la que el 6 de diciembre de 2022 se leyó la condena del tribunal oral. De los 13 acusados del caso el único que estuvo presente fue Fatala. Ninguno tenía la obligación de estar ya que eran representados por sus abogados. Sin embargo, Alberto Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, no estuvo e informó a Casación que no iba a estar en la audiencia.
En el momento de la sentencia Cristina Kirchner estaba en el partido bonaerense de Moreno. “Voy a compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres”, posteó en las redes sociales. La ex presidenta tuvo apoyo en la puerta de los tribunales con una clase pública que encabezaron el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y el dirigente social Juan Grabois.
Quien estuvo en la audiencia fue Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich. “Vine como público”, le dijo Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, a Infobae antes de la audiencia.
Los detalles de la sentencia
Los jueces destacaron que la maniobra se dio con la incorporación de Báez al rubro de la construcción “sin ninguna experiencia” a pesar de lo cuál “conformó un grupo de empresas, que le permitió ganar numerosas licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz simulando una competencia que en realidad no tenía (a modo de ejemplo, sólo entre 2007 y 2008 recibió veintitrés contratos”.
Los jueces destacaron que las licitaciones que obtuvieron las empresas de Báez se dieron con “numerosas irregularidades”. “Se demostró que se seleccionó una modalidad de contratación específica, convirtiéndose para la provincia de Santa Cruz en regla lo que para las demás fue una excepción. Esto permitió la cartelización de la obra pública en la referida provincia en favor de un grupo de empresas que respondían al aludido Báez”, citaron como ejemplo. También que por los incumplimientos no fue sancionada y que tenía un canal preferencial de pago.
Otra prueba relevante para Casación fue el decreto 54/2009 que firmó Cristina Kirchner a instancias de José López por el cuál se modificó el fideicomiso que comenzó a ser manejado por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Periotti.
Los magistrados también destacaron lo que el fiscal Diego Luciani llamó en el juicio oral el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de Whatsapp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.
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