Sin apuro, pero sin pausa, el Gobierno de Alberto Fernández estudia cambios en la política migratoria y analiza derogar el decreto 70 de necesidad y urgencia que en 2017 firmó el ex presidente Mauricio Macri para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros que delinquen.
La iniciativa se da en el marco de la revisión que realizan las nuevas autoridades sobre las principales medidas adoptadas por el macrismo. Y es un reclamo concreto que, tras el recambio presidencial, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron a la Casa Rosada, que se comprometió a analizarlo.
El documento que llegó al Gobierno, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones que se reunieron a fines de diciembre, solicita que se derogue el decreto “de forma urgente”, entre otras medidas “para preservar los derechos de las personas migrantes”.
Bajo el título “Agenda Migrante para 2020”, el texto pide que que se garantice el derecho a migrar, la “igualdad de derechos entre nacionales y migrantes”, como prevé la Constitución; y que se generen las condiciones para la regularización de las personas provenientes de Estados no parte del Mercosur.
