En conversaciones reservadas con sus aliados, el precandidato presidencial de Consenso 19, Roberto Lavagna , comenzó a negociar el documento “Lineamientos para un gobierno de unidad nacional”: entre sus propuestas fundamentales destaca la reforma de la Constitución para eliminar la reelección presidencial y volver a un solo mandato.
Según pudo saber LA NACION, también impulsa transformar la Oficina Anticorrupción, que hoy dirige Laura Alonso, en un órgano independiente del Poder Ejecutivo. En los últimos días, Alonso causó revuelo cuando dijo que no querella a funcionarios de Cambiemos.
Entre las propuestas figuran, además, una gran reforma impositiva para reducir la presión fiscal; la prohibición de nombrar funcionarios provenientes de empresas; centralizar la conducción de las políticas educativas, y una concertación política a través de un consejo económico y social.
Varios de los puntos coinciden con la plataforma que Sergio Massa y José Manuel de la Sota elevaron antes de las PASO de 2015, campaña que tuvo a Lavagna como aliado y promotor.
Lavagna negocia el documento con los líderes del socialismo, del GEN, los radicales desencantados de Cambiemos y dirigentes del PJ y el sindicalismo.
El precandidato impulsa la reforma constitucional para eliminar la reelección presidencial y volver al sistema de un solo mandato. Si bien no lo precisa el documento, quienes hablaron con el candidato aseguran que se podría volver al período de seis años o aplicar uno de cinco. Pero eso será parte de una conversación futura.
También los lineamientos apuntan a prohibir las reelecciones indefinidas en todos los cargos electivos (senadores, diputados, legisladores, gobernadores e intendentes). Y buscaría unificar mandatos y elecciones legislativas. Es decir, los comicios nacionales y provinciales deberían ser en una misma fecha.
Esto procuraría, según el documento, “terminar con los problemas derivados de la campaña permanente, que estimula la confrontación, dificulta la articulación de consensos y conspira contra la eficacia del gobierno”.
La última reforma constitucional fue en 1994, cuando el entonces presidente, Carlos Menem, logró instituir la reelección, con dos períodos de cuatro años.
Lavagna tampoco quiere funcionarios provenientes de empresas. Es un tiro por elevación al macrismo. Propone “elegir funcionarios públicos competentes por su idoneidad profesional y no por su filiación partidaria o empresarial”. Sobre educación, alienta una “política nacional en su concepción y descentralizada en su ejecución”.
También sostiene que los sindicatos capaciten en oficios a desocupados que no trabajan ni estudian. Lo planteó así: “Recrear una cultura del trabajo. Un cuarto nivel educativo asociado al mundo del trabajo para incorporar conocimientos y capacidades. Otorgar un rol decisivo a las organizaciones sindicales como actores del sistema educativo”.
Imagina, además, una reforma laboral “en momentos de expansión económica” para “realizar una adecuación que asegure equilibrio entre el costo y la justicia laboral”.
También buscaría modificar los planes sociales. “Dejar atrás la inclusión social orientada a erradicar la marginalidad con tareas de contención a través de la perpetuación de un asistencialismo estatal con clientelismo político”, dice.
Por otra parte, promueve ampliar “las fronteras productivas” con diversas obras de infraestructura que permitan impulsar “una nueva epopeya colonizadora del territorio nacional”. Para ello, alienta la reconstrucción del sistema ferroviario y de comunicaciones aéreas múltiples de bajo costo.
Promueve también la consulta popular en cuestiones de convicciones morales y religiosas, como el aborto.
El pacto económico y social que propuso públicamente está expresado como una “concertación amplia que permita establecer un rumbo estratégico, con visión de largo plazo” para “convertir estos acuerdos en políticas de Estado”, “reducir la conflictividad social”, dar “estabilidad de reglas de juego” y “evitar bruscos cambios” que “restan credibilidad y confianza”.
Para ello, crearía un consejo económico y social que canalizara la participación de empresas y sindicatos. El documento no se refiere a los credos religiosos y las organizaciones sociales, pero Lavagna las incluiría.
También promoverá un sistema similar al “juicio de residencia” para que “todo funcionario público al abandonar su cargo tenga que rendir cuentas sobre su patrimonio”.
Fuente: La Nación
