La evaluación minuciosa, llevada a cabo una por una, de cada uno de los empleados públicos afectados continúa, y hasta ahora, menos de 100 han sido reincorporados. La reincorporación se efectuó mediante un decreto firmado por el vicegobernador, Fabián Martín, indicando que estos 98 trabajadores son considerados indispensables para la eficiente labor pública.
La Comisión Evaluadora, presidida por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, está trabajando diligentemente en el proceso de revisión de los empleados restantes. Se espera que esta evaluación, centrada en las contrataciones realizadas durante los seis meses previos a la asunción del actual gobernador, arroje luz sobre presuntas irregularidades en los procesos de ingreso.
El gobierno provincial sostiene que estas contrataciones y pases a planta permanente, llevadas a cabo durante la gestión anterior de Sergio Uñac, representan una carga financiera significativa para la provincia. El potencial ahorro de cerca de 10 mil millones de pesos anuales, si se mantienen los despidos, ha generado tensiones entre el Gobierno y el Sindicato de Empleados Públicos. A pesar de un amparo emitido por el sindicato, este fue rechazado por la justicia, según una resolución del juez Héctor Rollán, intensificando las disputas en torno a esta polémica medida.
