La crisis del transporte público en San Juan escaló a niveles institucionales críticos. A raíz de una medida de fuerza ejecutada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), las unidades no salieron a la calle, dejando a miles de usuarios varados y obligando a replantear la movilidad diaria en toda la provincia.
El Gobierno va a fondo: sanciones y advertencia de ilegalidad
Ante la magnitud de la paralización, la reacción oficial no tardó en llegar. Desde el Ejecutivo provincial y la Subsecretaría de Trabajo advirtieron que la medida de fuerza vulnera de forma directa las normativas laborales vigentes, las cuales exigen garantizar un porcentaje operativo mínimo.
Piso obligatorio incumplido: Según la legislación vigente, este tipo de servicios esenciales debe mantener al menos un 75% de la prestación activa, un requisito que fue completamente ignorado por la conducción gremial.
Posibles multas al sindicato: En declaraciones públicas, el titular del área, Franco Marchese, fue categórico al señalar que la protesta carece de legalidad: “Hay que ver la calificación legal, pero es una medida que como mínimo debería ser ilegal y vamos a ver las sanciones respectivas, que sean de carácter monetario al sindicato”.
La postura inflexible de la UTA y el silencio empresario
Por su parte, las empresas nucleadas en ATAP optaron por mantenerse en silencio frente al conflicto. En la vereda de enfrente, la respuesta de los choferes fue terminante ante la pregunta de cuándo se normalizará el servicio: “Hasta que no esté depositado el aumento”.
Esta postura deja en absoluta incertidumbre la continuidad de las frecuencias durante toda la jornada, convirtiendo una vez más a los pasajeros en rehenes de una disputa salarial sin resolución inmediata.
Impacto en la calle y un trasfondo sindical caliente
La falta total de colectivos desató un verdadero colapso en la movilidad urbana. Desde las primeras horas de la mañana, los trabajadores sanjuaninos debieron improvisar alternativas para llegar a sus destinos:
Uso intensivo de taxis, remises y aplicaciones de viaje.
Traslados a pie o en bicicleta ante la saturación del sistema privado.
A este panorama de caos diario se le suma un condimento político-gremial de peso: la medida se desarrolla en medio de una dura interna sindical dentro de la propia UTA y en un contexto de elecciones que fueron suspendidas, complejizando aún más el escenario del transporte en la provincia.
*Con información Diario de Cuyo
