El impacto del paro de colectivos en San Juan traspasó el plano del transporte y afectó de lleno al normal desarrollo de la actividad escolar en toda la provincia. A raíz de las complicaciones generalizadas para movilizarse, el Ministerio de Educación debió implementar medidas de contingencia para proteger tanto a los estudiantes como al personal docente y auxiliar que depende de los colectivos para llegar a las aulas.
Inasistencias y tardanzas justificadas en escuelas públicas y privadas
Mediante una disposición oficial, la cartera educativa confirmó que se justificarán las faltas y las llegadas tarde de todos aquellos integrantes de la comunidad escolar que no hayan podido concurrir a sus establecimientos debido exclusivamente a la falta de transporte público.
La medida abarca un amplio espectro institucional y social:
Alcance total: Se aplica por igual en instituciones de gestión estatal y de gestión privada.
Sectores beneficiados: Comprende a estudiantes de todos los niveles y modalidades, así como a docentes, personal administrativo y trabajadores de servicio.
Vigencia: La normativa se mantendrá activa durante todo el tiempo que se prolongue la retención de tareas de los choferes.
Salvaguarda académica: sin temas nuevos ni pruebas
Para evitar que los alumnos afectados sufran perjuicios en su rendimiento o pierdan instancias evaluativas, el Gobierno escolar estableció estrictas pautas pedagógicas mientras dure el conflicto gremial:
Suspensión de evaluaciones: Quedó terminantemente prohibido tomar exámenes o pruebas durante el período de interrupción del servicio. Aquellas evaluaciones que estuvieran programadas deberán ser reprogramadas de forma obligatoria.
Cero contenidos nuevos: Las escuelas no podrán avanzar con temas nuevos en las aulas. En su lugar, los establecimientos podrán realizar únicamente actividades de repaso o fijación con aquellos alumnos que hayan logrado asistir con normalidad.
El trasfondo del conflicto que paralizó la provincia
La decisión ministerial se enmarca en una jornada sumamente compleja marcada por la retención de servicios impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida de fuerza se originó ante el incumplimiento por parte de las empresas concesionarias del último acuerdo salarial acordado con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).
Dicho entendimiento preveía una recomposición salarial del 10,5% retroactiva a septiembre, sumado a viáticos diarios y una suma extraordinaria no remunerativa de 60.000 pesos. Ante las demoras en los pagos, los choferes decidieron frenar las flotas, dejando a miles de usuarios sin movilidad y obligando al sistema educativo a adaptarse rápidamente para amortiguar el impacto en las aulas sanjuaninas.
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