El conflicto gremial en torno al servicio de colectivos en San Juan escaló este viernes a una nueva instancia judicial. A raíz de una presentación formal realizada por la Fiscalía de Estado, la Justicia provincial dictó una resolución preventiva que advierte a la cúpula local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sobre severas penalidades económicas en caso de concretar nuevas medidas de fuerza.
De acuerdo con lo consignado por el portal 0264 Noticias, el magistrado a cargo de la causa dispuso que el sindicato deberá afrontar una multa de 5 millones de pesos por cada jornada en la que se interrumpa la normal circulación de las unidades. La medida cautelar busca proteger el derecho de movilidad de miles de pasajeros diarios y garantizar la paz social frente a los reiterados ceses de actividades en el transporte público.
Control de frecuencias y reclamos legales
Desde el organismo demandante explicaron que el endurecimiento de las sanciones apunta a que las discusiones salariales y sectoriales se canalicen exclusivamente por las vías institucionales, evitando que trabajadores y estudiantes de los recorridos urbanos e interurbanos queden rehenes de las protestas.
En paralelo al apercibimiento judicial, las autoridades provinciales confirmaron que intensificarán las inspecciones en calle. Con el respaldo técnico de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se fiscalizará de manera estricta el cumplimiento de los horarios y las frecuencias establecidas para cada línea.
El escenario para empresarios y trabajadores
Mientras tanto, los distintos actores del sistema de transporte analizan el impacto del fallo:
Sector empresario: Las cámaras del transporte manifestaron su expectativa frente a la intervención judicial, aunque volvieron a alertar sobre el delicado equilibrio financiero de las firmas, condicionado por el reparto desigual de subsidios y el aumento sostenido de los costos operativos.
Representación gremial: Las bases y dirigentes de la UTA evalúan ahora cómo continuar con los reclamos paritarios, enfrentando un panorama donde el margen para convocar a huelgas se ve fuertemente limitado por el impacto financiero que implicaría la nueva sanción económica.
*Con información de 0264 Noticias
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