El Gobierno de San Juan prepara una reforma clave del régimen habitacional que podría modificar las condiciones para acceder a una vivienda del IPV y a distintos programas de financiamiento para la construcción. Entre las principales novedades, se incorporará como requisito la acreditación de no poseer antecedentes penales, una medida que busca fortalecer los criterios de adjudicación de los beneficios habitacionales.
El proyecto será enviado próximamente a la Cámara de Diputados y forma parte de una actualización integral de la legislación que regula el funcionamiento del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La iniciativa también contempla medidas para acelerar la regularización dominial y resolver miles de expedientes que permanecen pendientes desde hace años.
Buscan reforzar los controles para la adjudicación de viviendas
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la propuesta apunta a garantizar que los programas habitacionales lleguen a familias que cumplan con determinados estándares de convivencia social y respeto por la ley.
En ese sentido, la reforma pondrá especial atención en antecedentes relacionados con violencia de género, delitos sexuales y otros hechos penales considerados incompatibles con el acceso a beneficios financiados por el Estado.
El asesor letrado de la Provincia, Alejandro Ferrari, señaló que la medida surge también a partir de reclamos de vecinos de distintos complejos habitacionales, donde se registraron situaciones conflictivas vinculadas a personas con antecedentes delictivos.
Más de 10.000 viviendas esperan ser regularizadas
Otro de los ejes centrales del proyecto es la solución de los problemas de escrituración que afectan a miles de familias sanjuaninas.
Según cifras oficiales, al asumir la actual gestión existían cerca de 12.000 viviendas sin escritura definitiva. Si bien en los últimos años se logró avanzar en la regularización de más de 2.000 casos, todavía quedan aproximadamente 10.000 inmuebles pendientes.
Las dificultades alcanzan tanto a barrios construidos por el IPV como a desarrollos impulsados por cooperativas, sindicatos, fundaciones, asociaciones civiles y otras entidades que presentan problemas administrativos o jurídicos.
Obstáculos heredados y trámites demorados
Las autoridades explicaron que gran parte de los inconvenientes se originan en proyectos habitacionales desarrollados hace décadas, cuando muchas organizaciones funcionaban bajo normativas diferentes a las actuales.
En algunos casos, la falta de documentación actualizada, problemas con la titularidad de los terrenos o la inexistencia de registros tributarios vigentes dificultan la realización de trámites ante organismos nacionales, retrasando la entrega de escrituras.
La situación también impacta en urbanizaciones promovidas por municipios, donde aún persisten obstáculos administrativos para completar las transferencias de dominio.
Hacia una modernización del sistema habitacional
La reforma impulsada por el Gobierno provincial incluye además nuevas herramientas legales y reglamentarias para agilizar procedimientos internos, reducir tiempos administrativos y brindar mayor seguridad jurídica a los adjudicatarios.
Con estas modificaciones, la gestión busca modernizar el funcionamiento del IPV, fortalecer los controles en la asignación de viviendas y avanzar en la regularización de miles de propiedades que aún no cuentan con su título definitivo.
