Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes en el país atravesó inseguridad alimentaria en 2024, y el 16,5% experimentó su forma más severa.
Este dato refleja una crisis en crecimiento que no solo afecta la salud y la calidad de vida de los menores, sino que también pone en riesgo su desarrollo.
El estudio, que se basa en datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) durante el período 2010-2024, revela una tendencia sostenida al alza, con picos alarmantes en los años 2018, 2020 y 2024.
Tal como ha divulgado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la inseguridad alimentaria tiene que ver con la falta de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable.
En el país, esta situación se ve agravada por factores estructurales como la pobreza, la precariedad laboral y el desempleo, que continúan marcando la desigualdad social.
Uno de los principales hallazgos del informe llamado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, publicado por las autoras Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, es que la inseguridad alimentaria afecta principalmente a los hogares más vulnerables, aquellos con jefes o jefas de hogar con empleos precarios, familias monoparentales y hogares numerosos.
De acuerdo con el documento, aproximadamente 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes en Argentina enfrentan dificultades en cuanto a su acceso a los alimentos, y una parte significativa de ellos lo hace en condiciones severas.
El impacto de la inseguridad alimentaria en los infantes es profundo y afecta su bienestar general. No solo se trata de una carencia de alimentos, sino también de una falta de nutrientes esenciales que son cruciales para el desarrollo físico y cerebral durante los primeros años de vida.
Según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desnutrición, derivada de la inseguridad alimentaria, es uno de los factores clave que contribuye a los problemas cognitivos en los niños, afectando su memoria, su capacidad de aprendizaje y su rendimiento académico.
Además, el hambre crónica puede tener efectos a largo plazo, ya que puede provocar un aumento en el riesgo de enfermedades como la diabetes, las afecciones cardíacas y el sobrepeso.
El informe también hace hincapié en que, si bien hubo políticas públicas que han tenido un impacto protector en contextos críticos, estos esfuerzos son limitados frente a los factores estructurales persistentes que afectan a los hogares más vulnerables.
A su vez, aunque las transferencias sociales han ayudado a mitigar el impacto de la inseguridad alimentaria en ciertas familias, el desempleo, la inestabilidad laboral y la pobreza siguen siendo los principales factores que mantienen a millones de niños en una situación de vulnerabilidad constante.
El documento también examina la problemática según la región. El Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA) muestra mayores niveles de inseguridad alimentaria que el interior, especialmente a partir de 2017. En contextos de crisis, esta condición tiende a aumentar más en el AMBA, aunque hacia 2024 ambas regiones presentan niveles similares debido a un incremento en el interior del país.
La desigualdad estructural y sus consecuencias en el aprendizaje
La relación entre la asistencia escolar y la inseguridad alimentaria también es abordada. Los niños, niñas y adolescentes en hogares con al menos un menor con déficit educativo presentan niveles sistemáticamente más elevados de inseguridad alimentaria.
“La permanencia escolar opera como un factor de protección frente al agravamiento de la inseguridad alimentaria”, sostiene el informe, que subraya la importancia de garantizar el derecho a la educación como vía para fortalecer el derecho a la alimentación.
El estudio utiliza modelos de regresión lineal y análisis de panel para identificar los factores asociados a la inseguridad alimentaria y su evolución en distintos contextos. Los resultados muestran que los factores socioeconómicos, como el estrato social, la condición de empleo del jefe o jefa y el ingreso del hogar, presentan un patrón estable de asociación con la inseguridad alimentaria. En contraste, los factores sociodemográficos, como el tipo y tamaño del hogar, varían según el período analizado.
El análisis de panel para el período 2022-2024 permite observar la dinámica intra-hogar e intra-niño. “Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes atravesaron inseguridad alimentaria en al menos un año entre 2022 y 2024. El 14,8% sufrió inseguridad alimentaria crónica y otro 9,2% empeoró”, detalla el texto. Solo el 44,5% se mantuvo libre de inseguridad alimentaria durante los tres años. Las transiciones negativas son más comunes en casas con desocupación o empleo informal, mientras que aquellos con trabajo estable tienden a conservar una situación alimentaria más segura.
“Los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza registran, de manera sistemática, niveles significativamente más altos de inseguridad alimentaria”, detalla el informe.
Los picos de inseguridad alimentaria fueron del 43% en 2019, 49% en 2020 y 51% en 2024 en casas con trabajadores en condiciones de subempleo o desempleo.
Propuestas para mitigar la inseguridad alimentaria infantil
El trabajo subraya la necesidad de políticas públicas integrales que aborden tanto las causas estructurales como las crisis coyunturales que agravan la inseguridad alimentaria. “Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas integrales que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, afirman las autoras.
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Entre las propuestas se destaca el fortalecimiento de la inclusión laboral y la revalorización de los programas de transferencia de ingresos, que han demostrado ser útiles para mitigar la inseguridad alimentaria en contextos críticos.
Sin embargo, también se sugiere avanzar hacia sistemas de protección social más integrales y con un enfoque territorial y federal, que prioricen a los hogares más vulnerables.
Otra de las recomendaciones clave es reforzar el rol de la escuela como espacio de contención, garantizando que todos los niños, independientemente de su situación económica, tengan acceso a una alimentación adecuada y a una educación de calidad.
El colegio no solo es un lugar de aprendizaje, sino también un espacio donde los chicos pueden recibir el apoyo necesario para su desarrollo físico y mental.
El informe de González Sisto y Tuñón, coordinado por Agustín Salvia, concluye que la inseguridad alimentaria en la infancia argentina combina desigualdades estructurales persistentes con shocks coyunturales que las agravan.
El informe deja en claro que, si bien la inseguridad alimentaria es un problema estructural, los esfuerzos para cambiar la situación pueden ser efectivos si se implementan medidas adecuadas y se priorizan los sectores más vulnerables.
