La causa por la presunta defraudación en la construcción del Acueducto Gran Tulum volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse un expediente oficial que refuerza las sospechas sobre el proceso de contratación de la empresa Krah América Latina S.A., responsable de la provisión de caños para una de las obras de infraestructura más importantes de la provincia.
El documento, fechado en marzo de 2016 y registrado en Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), detalla una readecuación contractual del 55% sobre la primera licitación otorgada a la firma en 2015, un incremento que se justificó por la variación del dólar y que hoy es parte central de la investigación judicial.
El Acueducto Gran Tulum fue concebido para garantizar el abastecimiento de agua potable a largo plazo, pero actualmente se encuentra paralizado por objeciones técnicas, lo que generó un fuerte impacto tanto en lo operativo como en lo financiero. A pesar de que la obra no está finalizada, la Provincia ya comenzó a pagar el crédito del Fondo Kuwaití que financió el proyecto, situación que encendió las alarmas sobre el uso de fondos públicos.
La empresa Krah se adjudicó dos licitaciones: la primera, en 2015, por 13 kilómetros de cañerías; y la segunda, en 2016, por 56,7 kilómetros, con una oferta que superó el presupuesto oficial. Esta última contratación concentra hoy las principales dudas, tanto por sus condiciones económicas como por la aptitud técnica de los materiales utilizados.
El expediente recientemente conocido reconstruye toda la secuencia administrativa del proceso, desde el llamado a licitación hasta la posterior actualización de precios, e incluye un esquema de pagos escalonado que favoreció a la empresa adjudicataria. Para los investigadores, estos movimientos podrían haber generado un perjuicio económico al Estado provincial.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal avanza con una investigación que se apoya en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, en la que se advierte sobre posibles delitos contra la administración pública, entre ellos malversación de fondos, negociaciones incompatibles y defraudación al Estado.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial explique por qué una obra considerada estratégica para el futuro hídrico de San Juan se encuentra detenida, cuáles fueron las condiciones reales de contratación y qué impacto tendrá esta situación en las finanzas públicas.
*Con información de Tiempo de San Juan
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