‘Nos tratan como delincuentes’, se quejó el dueño del boliche De la Ostia, reconvertido en bar y restó. Le tocó a él ser uno de los clausurados este fin de semana, en el que no solamente hubo una persecución de fiestas clandestinas sino por primera vez una ola de cierres de locales comerciales a mansalva. Hubo una inédita avanzada de efectivos policiales e inspectores del Ministerio de Turismo, ya no en tono de persuasión sino con el rigor de la ley. Antipático por lo infrecuente. Fue un baldazo de agua fría.
En contexto de pandemia, el gobierno de San Juan aplicó todas las flexibilizaciones, poniendo a miles de personas a trabajar prácticamente sin excepciones. Así le llegó la hora al esparcimiento, aunque ponerle protocolo a la diversión resultó bastante difícil. Con factor de ocupación limitado y prohibición estricta de baile, todo significó lisa y llanamente la desaparición temporaria de los boliches. Por eso los que reabrieron, lo hicieron con el mismo cartel pero con una modalidad distinta. Fue el caso del empresario caído en desgracia el fin de semana pasado.
Según manifestó Eduardo Patinella, el protagonista de este incidente, tuvo dos inspecciones sin inconvenientes durante la noche y la tercera, ya sobre la hora del cierre, fue la que detectó a una decena de personas que se había puesto de pie con el pretexto de que ya se retiraban y, de paso, habían comenzado el baile improvisado. Tarjeta roja directa. En el pataleo lógico, el bolichero dijo que no se puede sancionar a un local habilitado por la inconducta de una mínima cantidad de rebeldes y que se torna inmanejable esa relación con los clientes.
En el fondo, es posible que Patinella también haya rezongado por sentir que solo le tocó a él, mientras el mismo panorama se habría estado viviendo en otros negocios colegas solo que no les llegó la inspección en el momento oportuno. Entonces zafaron. Sin embargo, el caso de De la Ostia fue solamente uno en un mar de clausuras que luego detalló con notable precisión la Secretaría de Seguridad y Orden Público.
Efectivamente cerraron varios locales por incumplimiento de protocolos. El viernes 13 de noviembre cayeron Parrilla Doña Cledy y un Drugstore en Caucete. En Capital, Coco Bongo y un drugstore. Además infraccionaron un local de comidas y bebidas en Rivadavia. El sábado 14 clausuraron Parrilla Los Juanes y un café ubicado en General Acha e Ignacio de la Roza, en pleno centro. El domingo 15 en la madrugada también le pasó al Bar-Discoteca Quattro.
La fiebre de clausuras tuvo su correlato luego con la comunicación oficial de esas sanciones. Claramente, se buscó emitir un mensaje inequívoco de que no hay lugar para evasiones. Si la decisión oficial es permitir que prácticamente todas las actividades económicas tengan su permiso para funcionar, esto solo es viable con el molesto distanciamiento social. Incómodo, pero también imprescindible.
Aunque los comunicados oficiales de Salud Pública sobre la pandemia son cada vez más escuetos, siguen dando cuenta de una presión creciente en hospitales, clínicas y sanatorios. El domingo habían 217 pacientes internados y apenas un día después ese número había trepado a 228. Con cuatro fallecidos este lunes, la ocupación de terapias intensivas bajó de 112 a 111 camas. También retrocedió el uso de respiradores, de 47 a 40.
Los testeos, al menos los informados, siguen siendo muy pocos. Este lunes hubo apenas 73 positivos y 118 negativos. Por lo tanto, en 24 horas el laboratorio del Hospital Rawson procesó 191 muestras. Por primera vez se eliminó el dato de los casos sospechosos pendientes de prueba de PCR. Pero el domingo eran más de 1.700. Ya no serán más incorporados en el reporte diario, ‘debido a que hay circulación viral en la provincia’, consignó Salud Pública.
Independientemente de las razones, el mensaje oficial es que los contagios ya no son tantos como cuando sostenidamente se informaban entre 400 y 500 diarios. Aún así, la demanda de camas de internación sigue en ascenso. Por otro lado, la provincia acaba de disponer la compra de 80 mil pastillas y 200 mil goteros de Ivermectina, como tratamiento compasivo y aún sin tener el visto bueno de la ANMAT ni la Sociedad Argentina de Infectología. Todo esto indica que la pandemia está muy lejos de haber terminado.
Frente al pronóstico alarmante de un equipo de científicos de la Universidad Nacional de San Juan, acerca de un pico de curva de contagios para enero, la postura oficial de Salud Pública fue bajar el nivel de pesimismo. Pero esta mirada puede inducir a la sociedad a sentirse a salvo. A entender que esto ya pasó.
En este marco, aparecieron los controles agresivos con clausuras masivas y convenientemente comunicadas. Los protocolos siguen siendo el único salvavidas en una provincia que no está aislada del resto del mundo. Pero que ha resuelto no retroceder al confinamiento estricto porque sería letal en términos socioeconómicos. Entonces, frente a este tablero, la única alternativa sostenible seguirá siendo la lejanía interpersonal, el uso de tapabocas y la higiene frecuente de manos y espacios comunes.
Y no. Los bolicheros clausurados no son delincuentes. Son casos testigos en un contexto tremendo que a veces cuesta interpretar. Que el optimismo no confunda.
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