Haber participado de la fiesta de su compinche Jorge Antonio Olivera le costó caro al represor Gustavo Ramón de Marchi. Estaba en libertad porque el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan entendió que no estaba en condiciones de afrontar el proceso penal, pero los tiempos de bonanza llegaron a su fin. Después de que trascendieran fotos en las que se lo veía charlando animado en la festichola del 3 de febrero pasado, la fiscalía pidió la detención de De Marchi. En las últimas horas, el juez Raúl Fourcade dispuso su arresto domiciliario provisorio.
Según la resolución a la que accedió Página/12, de Marchi no podrá moverse de su casa en el partido de Pilar y la Policía Federal Argentina (PFA) –a través de la seccional Campana– deberá controlarlo a través de rondines y llamados telefónicos.
En diciembre de 2022, De Marchi estaba afrontando su tercer juicio. La fiscalía había pedido que lo condenaran a perpetua. Sin embargo, el TOF de San Juan suspendió el trámite del proceso contra De Marchi y ordenó su inmediata libertad.
En ese momento, el TOF de San Juan se basó en lo que había dicho el Cuerpo Médico Forense (CMF): que tenía patologías múltiples y no estaba en condiciones de comprender una acusación en su contra –y de defenderse. En julio del año pasado, la Sala III de Casación –con los votos de Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky– anuló la resolución del TOF de San Juan y ordenó dictar una nueva sentencia. En pocas palabras, los dos camaristas decían que De Marchi podría ser separado de un proceso por incapacidad pero que eso no puede significar el fin de la sanción.
Después que trascendiera que De Marchi estuvo en la fiesta de Olivera, el fiscal de San Juan Francisco Maldonado le pidió al TOF que haga cumplir el fallo de Casación y disponga la detención del represor. Advirtió en su escrito que, después de siete meses del fallo de Gemignani y de Borinsky, no había noticias. Las noticias llegaron este viernes –y fueron un baldazo de agua fría para de Marchi.
El martes último, el TOF de San Juan ordenó un nuevo examen físico a De Marchi. La fiscalía pidió que se evalúe si pudo haber simulado en 2022. El fiscal Dante Vega, a cargo de la unidad de asistencia en causas de violaciones a los derechos humanos de Mendoza, reclamó que los expertos analicen cómo se lo veía en la fiesta de Olivera.
Olivera y De Marchi son una dupla consolidada, por eso no sorprendió que fuera uno de los invitados de honor a la fiesta con la que Olivera y Marta Ravasi festejaron sus 50 años de casados. En los años del terrorismo de Estado coincidieron en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de San Juan. Allí, de Marchi integraba la Plana Mayor; Olivera era el oficial de inteligencia (S2). En julio de 2013, los dos terminaron condenados por crímenes de lesa humanidad. A los pocos días, lograron que los trasladaran a Buenos Aires y que los llevaran a una consulta al Hospital Militar Central, desde donde se fugaron. La justicia investigó el rol de Ravasi como presunta facilitadora, ya que ella trabajaba como psicóloga en el centro médico.
De Marchi se las ingenió para mantenerse prófugo hasta diciembre de 2015. En el ínterin, paseó por Brasil y Uruguay. Pero lo encontró la Policía Federal, que actuaba en una investigación a cargo del fiscal Franco Picardi, en el barrio de Almagro, cerca de la casa de su hermana. Con los años, De Marchi se siguió recriminando haber bajado la guardia. Lo hizo porque se esperanzó cuando Mauricio Macri dijo que con él se acababa el “curro de los derechos humanos”. Así, empezó a soltarse y volvió a la vida que le gustaba. Un día, iba a Alto Palermo; otro a Patio Bullrich, así le contó a La Nación.
De Marchi, para entonces, únicamente tenía una condena a 25 años de prisión. En 2018, volvieron a condenarlo, pero esta vez a perpetua. En diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández, empezó una huelga de hambre desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza. A poco de iniciada la pandemia, la Casación mandó a De Marchi a su casa.
El TOF aún debe resolver la situación de Olivera –también en domiciliaria por obra y gracia de Casación. Sobrevivientes reclamaron que le revoquen la domiciliaria. La fiscalía, por su parte, solicitó que se le impida continuar con las festicholas, que no pueda recibir en su casa a condenas, procesados o imputados por crímenes de lesa humanidad y que se acentúen los controles en su domicilio.
En las últimas horas, la defensa de Olivera hizo una presentación en la causa. Dijeron que con la celebración no violó las condiciones de la domiciliaria y que, además, el evento sirvió para afianzar sus vínculos familiares, tal como establece la ley de la ejecución de la pena. En realidad, Olivera afianzó sus vínculos con alguien más que con su familia: hubo 60 invitados –entre ellos, la activista pro-impunidad Cecilia Pando y el propio De Marchi–, catering, disc jockey y hasta un show en vivo de Ramón “Palito” Ortega.
Después de esto, solo le resta al TOF opinar cómo sigue la modalidad de detención de Olivera –que tiene dos fugas en su haber y una trampa para violar la domiciliaria.
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