El 23 de septiembre de 1947, la Ley 13.010 -también conocida como Ley Evita– consagró la igualdad de derechos políticos entre mujeres y varones, otorgando a las mujeres la posibilidad de votar y de ser votadas.
En San Juan, se reformó la Constitución en 1927, reconociendo entre otros, los derechos políticos de las mujeres en las elecciones municipales y provinciales; la misma se aplicó a partir de 1928. Las primeras consagradas por el voto popular fueron Emilia Collado (intendenta de Calingasta), en 1928, y Emar Acosta (diputada provincial), en 1934.
A nivel nacional, si bien la ley se promulgó en 1947, recién en 1951 las mujeres acudieron masivamente a las urnas. El voto femenino era un reclamo histórico de los movimientos feministas, que exigían la igualdad de derechos, deberes y oportunidades.
En aquellos años, con el empadronamiento, la mujer obtuvo su Libreta Cívica, ya que con la única documentación con la que contaban era su partida de nacimiento. Además, la promulgación de la ley otorgó a las mujeres argentinas una mayor equidad real en términos civiles y políticos. La patria potestad compartida (1949) y la ley de divorcio (1954) fueron algunas de las conquistas más relevantes de la década. También lo fue la participación dentro del Congreso. Para 1952, entre los 30 senadores nacionales, 6 eran mujeres, y las diputadas conformaban apenas el 15% de la cámara baja. En 1991, se aprobó la ley de cupo femenino, que estableció garantizar, al menos el 30% de participación femenina en las listas de partidos políticos para cargos nacionales.
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