En Diputados, el Presupuesto fue aprobado con algunas novedades: Los funcionarios del Poder Judicial seguirán sin pagar el Impuesto a las Ganancias, se creó en “Impuesto Milei” y rechazaron que el Ejecutivo administre retenciones al agro.
El oficialismo logró darle media sanción al proyecto de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a la hora de la votación en particular, no pudo avanzar con el artículo 95 del dictamen, que permitía al Poder Ejecutivo recuperar el manejo de las retenciones a las exportaciones del agro. Ante la posibilidad de que fuera rechazada, el oficialismo optó por retirar el artículo.
La iniciativa contemplaba que se prorrogue dicha facultad hasta el 31 de diciembre del año próximo. La misma le permitiría al Gobierno fijar retenciones con un tope en la alícuota del 33% del valor imponible o del precio oficial FOB sobre los productos agropecuarios.
“La presión impositiva que sufre el campo es récord, perdimos la oportunidad de tener una discusión racional sobre esta cuestión”, señaló el diputado del PRO, Luciano Laspina.
Durante la sesión, el ministro de Economía, Sergio Massa, había asegurado que el Gobierno se comprometía a no aumentar las retenciones y que buscaría incluir una cláusula para que quede garantizado. Con este agregado al texto oficial, en Economía consideraban que parte de la oposición podría acompañar. También contribuirían a evitar la judicialización de más casos de ruralistas que acuden a tribunales para que se declare inconstitucional que el Gobierno cobre derechos de exportación al sector.
Sin embargo, no hubo acuerdo con la oposición y el oficialismo optó por retirar el artículo. “Vamos a retirar el artículo 95, no compartiendo las cosas que se han dicho, a partir de que nosotros entendemos que el Ejecutivo tiene las facultades para establecer los derechos de exportación”, dijo Carlos Heller.
Cobro de Ganancias al Poder Judicial
Otro de los artículos que generó controversias fue el que proponía el cobro del impuesto a las Ganancias a jueces, fiscales y trabajadores del Poder Judicial. La iniciativa había sido incluída sorpresivamente el jueves en la última reunión de la comisión de Presupuesto y fue duramente criticada por las asociaciones de fiscales y magistrados.
El artículo fue rechazado por 134 votos negativos y 116 afirmativos. Entre los votos en contra se destacaron los oficialistas Vanesa Siley y Sergio Palazzo, ambos de extracción sindical.
Durante el debate, desde el oficialismo remarcaron que el costo fiscal de la exención de Ganancias a Jueces será de $237.850 millones para 2023. “Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, había planteado el diputado Marcelo Casaretto, autor de la iniciativa. “Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, detalló el diputado Itai Hagman del Frente Patria Grande.
Casaretto también explicó que si bien los magistrados que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017 pagan Ganancias, solo lo hacen por una parte de sus remuneraciones debido a una resolución del Consejo de la Magistratura. “Deben pagar por todo”, insistió.
“No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del Presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar ganancias”, había planteado ayer el PRO al inicio del debate a través de un comunicado.
Germán Martínez y Cristian Ritondo. Foto: Luciano González
El pago de Ganancias para todos los magistrados que asumieron a partir del 1º de enero de 2017 había sido establecido por la Ley 27.346, impulsada por el diputado y consejero del PRO Pablo Tonelli y sancionada en diciembre de 2016. Sin embargo, su aplicación para quienes ya se desempeñaban en la Justicia había sido frenada por un amparo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional. La Corte Suprema revocó esa medida cautelar y resolvió la constitucionalidad de la norma. En su acordada sostuvo que todos los que juraron a partir del 1 de enero de 2017 -no solo los que vienen del ámbito privado, sino también los de carrera judicial-, debían pagar el gravamen.
No obstante, el Consejo de la Magistratura terminó reglamentando que no estén alcanzados por Ganancias los ítems salariales correspondientes a “compensación jerárquica”, “compensación funcional” y “bonificación por título”.
Llegando al final del debate el oficialismo sabía que no tenía los votos para aprobar el artículo en la votación en particular. Sin embargo, insistían en que llevarían la propuesta a votación. “Vamos a suerte y verdad”, dijo un diputado del Frente de Todos. Muchos de ellos señalaban que la oposición quedaría expuesta y debería justificar su defensa de los “privilegios de los jueces”. Confiaban en que la derrota legislativa podría convertirse luego en una victoria política y discursiva.
Nuevo impuesto para volar
Por 123 votos afirmativos a 122 negativos, el Frente de Todos logró consolidar una mayoría para agregar una nueva tasa a los viajes en avión, que se cobraría tanto en vuelos domésticos como internacionales.
“Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, reza el artículo 121 del texto.
La norma establecerá un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100.000 pesos.
“Crear una tasa muestra una vez más lo errático de la política aeronáutica del Gobierno. Cerraron el aeropuerto de El Palomar, sacaron el Pre Viaje y ahora perjudican al turismo con esto. Es una política errática y va a terminar todo mal”, dijo Hernán Lombardi, del PRO.
Fuente: Infobae
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