Cuando el ministro de Economía Sergio Massa condicionó el pago de dos nuevos bonos de refuerzo, en enero y febrero, para los jubilados y pensionados, muchos no imaginaron que unos días después esa «cláusula» se materializaría en una derrota ante Javier Milei en el balotaje.
El electo presidente habló horas después de su triunfo sobre el futuro de los jubilados y confirmó que la excandidata a gobernadora bonaerense de La Libertad Avanza, Carolina Píparo, será la directora de la millonaria caja de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que además administra el enorme universo de pensiones y asignaciones universales y que este año, además, sumó -vía Plan Platita de Massa- los préstamos baratos de hasta $1 millón para jubilados y empleados.
«El futuro de las jubilaciones depende de la recomposición de los ingresos por parte del sector privado. Debemos recomponer la base de donde salen esos fondos. Hay que poner en caja la economía para que vuelva a crecer, y en la medida que la economía crece, a todos nos va a ir mejor. Y los jubilados, obviamente, también», expresó Milei al ratificar su decisión sobre el futuro de la Anses.
Consultado sobre la posibilidad de volver al sistema de jubilación privada, subrayó que «no se puede cambiar el sistema con el desequilibrio que tiene, primero hay que ponerlo en caja. Hay que preservar derechos adquiridos».
Hasta el momento, el nuevo gobierno no ha dado ninguna señal de lo que ocurrirá a partir del 10 de diciembre con los bonos de refuerzo, que desde septiembre de 2022 vienen cobrando de manera trimestral los jubilados para compensar el insuficiente sistema de movilidad frente a la pérdida del poder adquisitivo de ese sector.
El último «plus» que recibirán en diciembre será un bono de $55 mil -que solo percibirán los haberes más bajos- junto con el reajuste de 20,87% correspondiente al índice de movilidad que firmó la actual titular de Anses, la camporista Fernanda Raverta, días antes de la segunda vuelta electoral.
En el último mes del año el haber mínimo pasará de $87.459,76 a $105.713 y el máximo, de $588.521,35 a $711.346 (cifras en bruto que, en términos netos, son de $102.542 y $671.837 respectivamente). Esos importes regirán hasta febrero de 2024, ya que en marzo deberá haber otra actualización.
Lo que ocurra después será unos de los principales desafíos que deberá enfrentar la gestión de Carolina Píparo, en un contexto de inflación que presiona, especialmente, sobre los salarios más bajos.
El próximo mes, además, la tensión estará puesta en el pago de los aguinaldos que permitirá a los jubilados que cobran la mínima llegar a los $213.569. Pero la incertidumbre que generaron en las últimas horas las declaraciones de Javier Milei, quien puso en duda el pago del SAC en el sector público, abren un escenario de incógnita también en el sector pasivo.
Aumento por movilidad, un mecanismo insuficiente
La suba por índice de movilidad del 20,87% que se pagará en diciembre se ubica muy por debajo de la inflación, que en el trimestre de julio a septiembre trepó a 34,65%, según explican especialistas en temas jubilatorios.
La preocupación de algunas asociaciones que enrolan a personas de la tercera edad es que, de no corregirse lo anunciado, en enero y febrero muchos abuelos -unos 4 millones- verán una caída nominal en sus ingresos.
Por aplicación del índice de movilidad, los ingresos previsionales y los cobros por hijo para asalariados, monotributistas y desocupados acumularán en todo 2023 un incremento nominal de 110,9%. Así, con una inflación anual del orden del 180%, los jubilados que no perciben bonos tendrían a fin de año un ingreso con el que podrán comprar un 25% menos que 12 meses antes.