El mandatario hizo pública su decisión al considerar que el Congreso rechazó la cuestión de confianza planteada días antes por el gobierno, con la cual pretendía realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).
El ejecutivo considera que este proceso de elección realizado en el Congreso no es transparente y no garantiza la división de poderes en la nación.
Este lunes, sin embargo, la Junta de Portavoces del Congreso -dominado por la oposición fujimorista y sus aliados- decidió seguir con la agenda preestablecida de la sesión; es decir, elegir primero a los magistrados del TC para después analizar la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo.
En un mensaje televisado, Vizcarra anunció que la disolución del Congreso «está dentro de las facultades contenidas» en la Constitución y que «busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades».
Agregó que espera que «esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país».
Según la Constitución peruana, se debe convocar a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución.
Mientras Vizcarra realizaba este anuncio, sin embargo, la cuestión de confianza fue aprobada finalmente por el Congreso, lo que arroja incógnitas sobre si tendrá algún efecto sobre la elección de magistrados llevada a cabo horas antes y sobre el propio anuncio de Vizcarra.
¿Qué pasó en la sesión?
Como reflejo de la grave crisis política en la que está sumido Perú, la polémica sesión del Congreso celebrada este lunes fue realmente caótica e incluyó protestas e incluso denuncias de suplantación de voto.
Algunos diputados también denunciaron que se habían cerrado los accesos de ingreso al hemiciclo para impedir su entrada.
Vizcarra ya había adelantado este domingo que si el Congreso no procedía de inmediato con la cuestión de confianza solicitada (la tercera en menos de un año) o continuaba antes con el proceso de elección de los magistrados, el gobierno disolvería la Cámara.
Sin embargo, entre protestas de algunos legisladores de izquierda y liberales, el pleno votó para elegir como nuevo miembro del TC al jurista Gonzalo Ortíz de Zevallos, quien es primo hermano del presidente del Congreso, Pedro Olaechea.
Su candidatura obtuvo el mínimo de 87 votos exigidos, aunque la legisladora izquierdista María Elena Foronda denunció después que fue suplantada y su votó apareció como favorable, por lo que anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía.
Tras este proceso, el presidente del Congreso anunció que la votación para elegir a los otros magistrados del TC continuaría este martes.
La tarde del lunes fue dedicada a votar la cuestión de confianza, que fue aprobada en el mismo momento en que se conoció la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso, lo que hizo que la discusión terminara de manera repentina.
¿Qué puede pasar ahora?
La Constitución de Perú contempla en su artículo 134 la facultad del presidente para disolver el Congreso «si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de ministros».
Tras el anuncio de Vizcarra, los parlamentarios deberían abandonar el Congreso por su propia voluntad o, de lo contrario, podrían ser desalojados por la policía, si el presidente lo autoriza.
Algunos parlamentarios ya anunciaron su intención de resistir físicamente cualquier intento de mandarlos a casa.
El mismo artículo es el que contempla la convocatoria a elecciones para conformar un nuevo Congreso, las cuales deben realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución de la Cámara.
Elegido un nuevo Parlamento, este puede censurar al Consejo de ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto los motivos de la suspensión parlamentaria.
Si las elecciones no se celebraran en el plazo señalado, «el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de ministros», se lee en la Constitución.