Hacía más de tres semanas que la Policía de la Ciudad estaba detrás de ellos. Desde aquella madrugada en la que dos motoqueros le arrojaron al patrullero que los perseguía, en la zona de Constitución, un bolso que, segundos después, estalló. El análisis de los restos del ingenio que detonó en Hornos y Caseros a las 3.30 del 10 de octubre pasado preocupó a las autoridades porteñas y nacionales: no era una simple bomba casera, sino algo más sofisticado, que sugería un peligro mayúsculo.
El sábado pasado, los investigadores del caso comenzaron a comprobar que sus sospechas no estaban sobredimensionadas. Cuando los uniformados comenzaron a desplegarse por Berazategui para cumplir con los operativos ordenados por el juez federal porteño Luis Rodríguez, desde el local del Movimiento Popular 22 de Agosto, una agrupación de tendencia guevarista que suele tener activa participación en protestas callejeras, alguien se descartó de dos mochilas. Cuando la policía las recuperó descubrieron que en una había documentación y en la otra, 150.000 pesos.
La sospecha es que ese dinero era parte de los planes sociales que percibe aquella organización. Los detectives del caso creen que los piqueteros detenidos el sábado y los que habían sido arrestados el mes pasado tras el ataque en Constitución forman parte de una célula que, con aquella plata que perciben como asistencia del Estado, financian sus actividades violentas.
La principal hipótesis es que con esos fondos adquirían armas y sofisticados dispositivos para fabricar granadas y bombas caseras con el objetivo de llevar a cabo atentados, primordialmente, contra fuerzas de seguridad y sus sedes.
Calificadas fuentes de la investigación confiaron a LA NACION que los sospechosos estaban en tratativas con grupos del crimen organizado asentados en la conflictiva zona de la Triple Frontera para comprar material bélico; eventualmente, una fusil pesado con capacidad para disparar munición antiblindados.
Los mismos informantes contaron que no solo les había llamado la atención la sofisticación de los detonadores con los que contaban estos piqueteros del MP22, capaces de hacer explotar artefactos a distancia por medio de señales activadas con teléfonos celulares.
También descubrieron, en una llave de memoria portátil incautada durante los procedimientos del fin de semana, archivos con «manuales con consejos de combate venezolanos». Este elemento alimenta la sospecha que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tomó con valor de certeza una semana antes de las elecciones generales del 27 de octubre, tras los fuertes incidentes frente al consulado de Chile en Buenos Aires durante una manifestación de apoyo a las monumentales protestas trasandinas: que desde Venezuela se fogoneaban levantamientos en la región.
Sin llegar al punto de tales afirmaciones -aún no hay, en la investigación, indicios vehementes de una acción sediciosa direccionada por algún gobierno extranjero-, el vicejefe de gobierno porteño y titular provisional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, sostuvo ayer en una conferencia de prensa, al presentar el resultado de los operativos del fin de semana, que los piqueteros detenidos con armas y explosivos «son personas que quieren atentar contra la vida de los ciudadanos en la Argentina» y «nuestra democracia no tolera este tipo de actos».
Un día antes, el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia, había admitido en una entrevista con el canal de noticias A24 que habían entrado en una situación táctica de alerta ante el riesgo de que los detenidos del MP22 formaran parte de una avanzada que estuviera planificando algún tipo de atentado explosivo en el país, sea para atacar a las fuerzas de seguridad en particular o para causar conmoción pública, en general.
Roncaglia no pasó por alto la posibilidad de que hubiese un hilo conductor entre el episodio del 10 de octubre -origen de los procedimientos del último fin de semana-, el fallido atentado explosivo contra el mausoleo del coronel Ramón Falcón en el cementerio de la Recoleta (en el que resultó gravemente herida una anarquista a la que el artefacto casero le estalló en la mano) y una bomba casera que fue dejada subrepticiamente en la puerta del Departamento Central de Policía.
Elementos inusuales
Lo que llamó la atención, esta vez, no es la capacidad de algún grupo sedicioso de fabricar artefactos explosivos, sino la sofisticación y peligrosidad de los materiales con los que contaban para producirlos.
«Estamos acostumbrados a ‘caños’ caseros. Pero esto es otra cosa. En el encendedor de una de las tres camionetas secuestradas durante los últimos allanamientos se descubrió un mecanismo que servía para hacerlos volar como coches bomba. También tenían detonadores con los que podían activar los explosivos por medio de teléfonos celulares. Y tenemos indicios de que pretendían comprar más de esos dispositivos y otros materiales bélicos a través de contactos en Ciudad del Este», dijo a LA NACION un calificado investigador.
Ayer, en la conferencia de prensa en la que Santilli confirmó que los jefes piqueteros detenidos el fin de semana «tenían granadas, explosivos, y detonadores de alta tecnología que nunca se habían visto en nuestro país», el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, alertó: «Nos resulta preocupante que también encontramos una camioneta que tenía un dispositivo de activación remota, para ponerle una carga explosiva y ser utilizada en algún atentado».
D’Alessandro sostuvo que «el MP 22 sale de lo que era el ERP», el Ejército Revolucionario del Pueblo, y confirmó que a la vuelta de uno de los domicilios de los detenidos del sábado «hay un local partidario de esta agrupación» donde fueron secuestradas «mochilas con dinero». Otras fuentes, como se dijo, revelaron que, además de plata, había documentación reveladora.
El saldo del operativo fue el secuestro de un arsenal compuesto por armas cortas y largas, bombas caseras de todo tipo y dispositivos detonadores, tres motos, tres autos con pedidos de secuestro, dinero en efectivo, celulares, notebooks y documentación que, por estas horas, es auditada y estudiada por orden del juez Rodríguez y participación del fiscal federal Jorge Di Lello.