El primer mandatario provincial, Mariano Arcioni, firmó un decreto que permite «disponer (…) la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero».
Dicho DNU provincial, es considerado inconstitucional por varios especialistas que, sostienen, la Provincia no tiene jurisdicción para dicha medida ya que corresponde al ámbito del Gobierno Nacional definir los temas relacionados a política exterior como, por ejemplo, lo concerniente a ciudadanos extranjeros.