El apoyo a la actual vicepresidente se da en medio de las acusaciones por presuntos actos de corrupción entre Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez
En los últimos días, además de la crisis económica y política por la que atraviesa el gobierno del Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa; la actual vicepresidente afronta una de las causas de corrupción más complicadas, la causa «Vialidad», en que que se investiga los supuestos negocios entre el empresario santacruceño Lázaro Báez y la ex presidente.
En ese marco, La Cámpora, la organización kirchnerista apoyada por Cristina y Máximo; critica fuertemente al tribunal judicial de la investigación y a los fiscales que sostienen que Fernández y Báez eran socios.
«Todos con Cristina», fue una de las pintadas que se vieron en algunas calles de San Juan, con la firma del La Cámpora.
La Causa
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzaron este martes 8 de agosto en la acusación contra los imputados en la causa por la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, que tiene como principal señalada a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Luciani detalló en la quinta jornada del juicio cómo desde el Estado habrían creado “un canal preferencial de pago” para la empresa de Lázaro Báez.
En la audiencia, el fiscal descalificó informes periciales sobre el cálculo de costos de las obras para concluir que habían existido sobreprecios en las obras licitadas, y tanto él como su colega cuestionaron la capacidad operativa de las empresas de Báez, las prórrogas en los plazos de ejecución de las obras y reafirmaron el presunto pago de sobreprecios.
En ese contexto, Luciani mencionó la creación de la resolución 899/2010, dictada durante la presidencia de Cristina Kirchner, y señaló que esa norma permitía hacer pagos anticipados a los contratistas por causas de fuerza mayor, solo con el visto bueno de Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional y también acusado en el juicio.
Estas causas podían ser inundaciones, terremotos, nevadas y que, según había detallado Periotti, fue algo que se dispuso tras un alud que dejó tres muertos en Comodoro Rivadavia por un deslizamiento de tierras.
«Un canal exclusivo de privilegio de pagos»
No obstante, para el fiscal Luciani la tragedia del alud se utilizó para justificar esta resolución, que, de acuerdo a su investigación, ocultaba una maniobra para darle apariencia de legalidad a los pagos que se efectuaban a las empresas de Báez. “No hay límites, la realidad fue otra: se usó la tragedia, las alusiones de Periotti al alud no fueron más que excusas para crear este canal exclusivo de privilegio de pagos y por eso buscaron esta tragedia como excusa”, dijo.
“Con esta resolución se creó una herramienta para que ningún funcionario de menor jerarquía obstaculizara esta decisión de los jefes de la asociación ilícita”, aseguró el fiscal, al tiempo que remarcó que “este privilegio es porque Lázaro Báez era Néstor Kirchner y era Cristina Fernández”.
Esta maniobra, dijo, “servía para crear un canal preferencial de pago y darle trámite prioritario a los pagos de Lázaro Báez por sobre otros contratistas”, y cuestionó que nunca se publicó en el Boletín Oficial ni en ningún otro canal oficial, así como también que la Cámara Argentina de la Construcción no tenía conocimiento de su existencia.
El fiscal Mola dijo que las empresas de Báez «no tenían capacidad» para realizar la cantidad de obras que les adjudicaron
Por su parte, el fiscal Sergio Mola explicó que las empresas de Lázaro Báez «no tenían capacidad para afrontar semejante cantidad de obras que se les adjudicaban».
En ese contexto, dijo que las modificaciones de las tareas previstas originalmente y la extensión de los plazos, que –según consideró–»eran parte de la maniobra defraudatoria» que les endilga a los funcionarios y empresarios.
Pero, además, le adjudicó a Báez contar con «información privilegiada» que, por ejemplo, le permitió comprar tierras que iban a ser inundadas con la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, con la aspiración de recibir luego resarcimientos económicos por parte del Estado.
Se trata de tierras situadas en los márgenes norte y sur del Río Santa Cruz, por donde debía pasar la ruta provincial 9, explicó el fiscal ayudante.
Las represas fueron, según Mola, una «excusa» para demorar una obra pública durante cuatro años (porque un sector de la traza de una carretera pasaba por tierras que iban a quedar inundadas) «pese a haber cobrado 71 millones de pesos de adelanto financiero, correspondiente al 30 por ciento de la obra».
Mola recurrió con frecuencia a los adjetivos «absurdo» y «burdo» para calificar las excusas que esgrimían las empresas al pedir prórrogas de los plazos de construcción.