Tras presentar su amplio proyecto de reforma judicial, el presidente Alberto Fernández lanzará esta semana un libro que escribió junto un grupo de juristas en el que cuestiona el funcionamiento de la Justicia.
El libro, editado por Sudamericana, se titula La Justicia acusada y estará disponible en las librerías a partir del 5 de agosto. Entre otros temas, el jefe del Estado aborda el lawfare, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la utilización de las prisiones preventivas, el memorándum que firmó el gobierno de Cristina Kirchner con Irán por la causa AMIA, la figura del arrepentido, el caso por la venta de dólar futuro y el aborto.
“Este libro contiene artículos independientes de especialistas del derecho de las distintas facultades. Hace un año y medio que Alberto Fernández trabajaba en su recopilación junto a [Mauro] Benente y [Federico G.] Thea. Es parte del debate acerca de La Justicia que viene a proponer”, señaló el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi.
La reforma judicial que impulsa el Presidente incluye, según precisó La Nación, un proyecto de ley para modificar los tribunales penales que se encargan de las causas de corrupción y la creación de un consejo consultivo que, entre sus amplias facultades, se abocará a evaluar la integración y el funcionamiento de la Corte Suprema.
Entre los especialistas que fueron convocados por Fernández para analizar el funcionamiento de la Justicia están el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el abogado penalista Roberto Manuel Carlés, quien fue propuesto en 2015 por Cristina Kirchner para ocupar un lugar en la Corte.
También participan Daniel Carral, Carlos Cruz, Nicolás Dallorso, Fernando Díaz Cantón, Marisa Herrera, Cecilia Marcela Hoop, Alan Iud, Gonzalo S. Kodelia, Valeria M. Loira, Fabián Musso, Lisandro Pellegrini, Ana Clara Piechestein, Marcelo Antonio Sgro y Nahuel Sosa, entre otros.
A continuación algunos fragmentos del libro del Presidente que anticipó el portal Megustaleer:
Lawfare
- “Una orden de detención se apila sobre otra. Un juez y otro juez, un fiscal y otro fiscal compiten para ver quién es el primero en saciar la sed republicana que pide a gritos encarcelar a cuanto populista ande suelto. Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Rafael Correa en Ecuador fueron algunas de las figuras más codiciadas de esta cruzada mediático-judicial. Existe un sinfín de arbitrariedades con las que cada día nos sorprende el Poder Judicial. Pero de lo que se trata es de observar que la articulación que se esconde en cada una de ellas no es casual, sino que responde justamente a esta nueva lógica política del Poder Judicial: el lawfare.”
Consejo de la Magistratura
- “Los jueces solo rinden cuentas ante los miembros del Consejo de la Magistratura (donde sus pares son parte). Este libro pretende desentrañar de qué manera se reciben y se tramitan las denuncias contra magistrados y magistradas. A partir del estudio de más de mil resoluciones, es fácil advertir que todo ese proceder muchas veces es ficticio y que aquella rendición de cuentas es prácticamente inexistente.”
Prisión preventiva
- “Se ha justificado reiteradamente el encarcelamiento preventivo de exfuncionarios públicos sobre la base de una disparatada racionalización. Su exordio tuvo lugar en ocasión de la resolución del incidente judicial por la prisión preventiva del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su autor fue el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun. En esa sentencia se estableció que, para decidir sobre la libertad del imputado, debía analizarse si existían elementos que permitieran inferir que no se obstaculizaría la investigación, y que para ello ‘no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta relevante determinar si los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal’. Esa postura dio pie a las posteriores órdenes de detención de Luis D’Elía, Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y Carlos Zannini, entre otros, por la causa Memorándum con Irán. En ocasión de resolver sobre la excarcelación de Amado Boudou, a quien también se había aplicado esta ‘doctrina’, el camarista Eduardo Farah entendió que es ‘irrazonable’ la consideración en abstracto de pretendidas ‘relaciones residuales’ o ‘influencias’ fundadas en los cargos públicos que desempeñó el exvicepresidente, para suponer un hipotético riesgo actual de entorpecimiento.”
Memorándum con Irán
- “En ningún momento del debate realizado en el plenario de comisiones, ni durante las sesiones llevadas a cabo en ambas Cámaras legislativas, se esgrimió como causa para oponerse que la firma del mencionado memorándum pudiera implicar la comisión de un delito. Ni los legisladores opositores, ni el juez de la causa, ni siquiera los representantes de la DAIA o de la AMIA lo hicieron. El fiscal de la causa, Alberto Nisman, nunca antes de su denuncia, efectuada dos años más tarde, en enero de 2015, lo había mencionado.”
Figura del arrepentido
- “La voz ‘arrepentido’ -utilizada en varias ocasiones por la ley que lo regula- es claramente inapropiada: al personaje al que se le aplica le cuadra mucho mejor la calificación de ‘delator coacto’. Sin embargo, en vez de llamar a las cosas por su nombre, se edulcora con un artificio semántico benevolente (arrepentido), del mismo modo que, como recordarán las generaciones mayores, se escribía en las actas policiales que el imputado se “sinceraba” con la instrucción, cuando en realidad tal sinceramiento era producto de algún tipo de vejamen. La coacción, como quedó dicho, es un delito y una ley, como la del delator premiado, no puede “por un imperativo constitucional” transformar en lícito lo que no puede serlo”.
Asociación ilícita
- “Los conflictos que no pueden resolverse por sus cauces naturales se derivan al Poder Judicial, se judicializa la política, y para ello el delito de asociación ilícita ha sido, quizás, el mejor instrumento. En el camino, las instituciones se degradan y sus actores se deslegitiman, cualquiera sea el papel o la función que cumplan. El Poder Judicial pierde su rol eminente de pacificador social y se convierte en herramienta de disputa y, ya se sabe, la distancia entre una herramienta y un arma es solo el designio de quien las utiliza”.
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