La causa por la presunta estafa en concesionarias de motos en San Juan, que ya acumula decenas de denuncias, sumó este martes un nuevo avance judicial. Por orden de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, la Justicia realizó un allanamiento en un segundo comercio vinculado a la investigación y secuestró dos motocicletas, además de documentación relevante.
El procedimiento se llevó a cabo en la firma Emmebe, ubicada sobre calle Laprida, entre Catamarca y Sarmiento, y estuvo encabezado por el fiscal Guillermo Heredia. Como resultado del operativo, el local quedó clausurado para la atención al público, mientras se analizan los elementos incautados.
Una investigación que se amplía
Fuentes del caso confirmaron que existe una vinculación comercial y operativa entre Emmebe y Branka Motors, la concesionaria que se encuentra en el centro de la causa por presuntas maniobras fraudulentas. Aunque no trascendieron detalles del procedimiento, los investigadores consideran que la documentación secuestrada será clave para reconstruir el circuito de las operaciones denunciadas.
Este allanamiento es el segundo que se realiza en el marco de la investigación. El primero tuvo lugar en el local de Branka Motors, situado en la esquina de Avenida Rioja y 25 de Mayo, donde se incautaron teléfonos celulares y papeles que actualmente están siendo peritados por la Justicia.
Más de 160 reclamos y una audiencia colectiva
En paralelo al avance judicial, el conflicto crece en el ámbito administrativo. Desde la Dirección de Defensa al Consumidor informaron que ya se contabilizan 163 reclamos formales, aunque en la Justicia estiman que el número de denuncias podría superar las 170.
Ante esta situación, Defensa al Consumidor convocó a una audiencia de conciliación para este viernes a las 10 horas, en el Centro Cívico. Por el momento, no está confirmado si los responsables de la empresa denunciada se presentarán, ni quién representará a la firma frente a los damnificados.
Las irregularidades denunciadas
Según detallaron desde el organismo que dirige Fabiana Carrizo, se detectaron dos modalidades principales de incumplimiento. La primera es la falta total de entrega de las motocicletas, pese a que los clientes abonaron sumas que parten desde $1.200.000, en algunos casos en efectivo. La segunda corresponde a la entrega de los rodados sin la documentación obligatoria, lo que impide o demora el patentamiento.
Desde el Estado provincial señalaron que se trata de la acción colectiva más grande registrada hasta ahora en Defensa al Consumidor, un dato que dimensiona la gravedad del caso y el impacto que podría tener sobre cientos de sanjuaninos afectados.
*Con información de Tiempo de San Juan